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Nueve son las empresas locales afectadas por el megaatentado a la Central Rucalhue
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El ataque “terrorista” que afectó la madrugada del domingo parte de las obras de construcción de la Central Rucalhue, en la provincia de Biobío, no solo dejó millonarias pérdidas materiales −las más grandes registradas en la Macrozona Sur−, sino que también provocó un grave daño a la micro y pequeña empresa, además de una importante afectación al empleo local.
Según los datos recopilados por diario La Tribuna, son nueve las empresas locales afectadas, la mayoría subcontratistas y pequeñas transportistas, quienes estiman las pérdidas en cifras superiores a 5 mil millones de pesos.
Entre los mencionados están transportes VSC, Opazo, Cancino, Rosales, GHC Servicios Industriales, CHEC, constructora Retro, transportes Talmak y CFHEC, quienes prestaban servicios a la hidroeléctrica, y no contarían –en su gran mayoría- con seguros asociados.
“Este ataque no solo representa un atentado contra la infraestructura y el desarrollo económico, sino también contra la estabilidad social y el bienestar de las comunidades”, indicaron este lunes, en su conjunto los gremios y organismos empresariales, quienes pusieron énfasis en lo que significa el grave hecho, para los trabajadores, trabajadoras, sus familias y toda la comunidad.
“Este ataque impacta directamente en la calidad de vida de las personas residentes en zonas alejadas de los centros urbanos y en el empleo”, ratificaron.
“HACE 30 AÑOS NOS ESTÁN QUEMANDO”
Desde el gremio del transporte también alzaron la voz para exigir mayores garantías al trabajo, “ministro Cordero, Presidente Boric, (asuman) la responsabilidad de reestablecer el Estado de Derecho, la tranquilidad y que se termine la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, desatado en la nación, es responsabilidad de ustedes. Hagan la Pega”, fueron las enfáticas palabras Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Cargo, CNTC, quienes se han declarado desde el hecho, en estado de alerta.
El dirigente agregó que “hace 30 años que nos están agrediendo, nos están quemando, y es momento que el Gobierno ponga definitivamente atajo a este grave problema. Hoy, hay personas lesionadas, y 47 equipos productivos de pequeños y medianos emprendedores, que han sido dañados”.
Recordemos que, portando armas de fuego, un grupo de 12 personas encapuchadas ingresaron al predio donde se construye la central hidroeléctrica Rucalhue en el límite de las comunas de Quilaco y Santa Bárbara, intimidando a los guardias para posteriormente incendiar 48 camiones, dos máquinas excavadoras y una motoniveladora.
En medio del hecho de violencia, dos funcionarios de seguridad resultaron lesionados, sin que hasta el momento se hayan registrado detenciones por parte de las policías.
CENTRAL BAJO RESGUARDO PERMANENTE
Tras el ataque incendiario, el Ministerio Público instruyó la concurrencia de personal de la Policía de Investigaciones a fin de realizar las diligencias para dar con el paradero de los responsables del hecho. Según los antecedentes que maneja La Tribuna, la investigación está a cargo del fiscal Carlos Díaz, quien está trabajando con una “Fuerza de Tarea” que involucra a Brigadas tanto de Los Ángeles como de Santiago.
En el marco de la misma de investigación se interpuso una “medida de protección permanente” para las instalaciones de la Central, lo que está decretado y debe ser implementada, se conoció, por Carabineros de Chile.
Respecto a las indagatorias en el sitio del suceso, la jefa regional de Biobío de la Policía de Investigaciones, prefecta inspectora Claudia Chamorro señaló que “se han realizado un sinnúmero de diligencias, en primer lugar, basándose en los requerimientos de la Fiscalía de Flagrancia que dice relación con el trabajo de campo en el lugar, en el sitio del suceso, por parte de nuestros detectives y del Laboratorio de Criminalística que se enfocaron y abocaron a hacer las pericias y el levantamiento de cualquier evidencia encontrada en el lugar”.
Agregando que todo el trabajo en terreno forma parte de la carpeta investigativa, la cual se mantiene bajo reserva debido a la gravedad de los hechos.
Respecto a la existencia de registros visuales que pudieran aportar antecedentes relevantes para esclarecer lo ocurrido, Chamorro sostuvo que toda evidencia recopilada -incluidas imágenes de cámaras de seguridad, en caso de haberlas- forma parte de los antecedentes que maneja el Ministerio Público.
Finalmente, expresó que a pesar de las dificultades logísticas, los equipos policiales han logrado recabar antecedentes relativas a pruebas físicas, pericias de suelo, análisis de materiales incendiarios y levantamiento de posibles huellas o rastros que permitan identificar a los responsables.
Fuente: La Tribuna
