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Acoforag: “Llevamos tres años con estado de excepción y seguimos sometidos a una violencia interminable”
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Una tensión permanente es lo que aseguran vivir las víctimas de violencia rural y contratistas forestales de la macrozona sur. A pesar de que reconocen que este tipo de delitos han disminuido, indicaron que los ataques son con una magnitud mayor. Ejemplo de ello es la diferencia de casi un año de dos lamentables hitos en este contexto.
El pasado domingo 20 de abril de este año sucedió el atentado en la central hidroeléctrica Rucalhue, de Santa Bárbara, en que más de 50 camiones fueron quemados. Hace casi un año, el 27 de abril de 2024, tres carabineros fueron asesinados en una emboscada ocurrida en Cañete, lo que generó conmoción.
René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), manifestó que ya llevamos tres años con estado de excepción y seguimos sometidos a esa violencia interminable. Cree que hoy estamos en un ambiente de tensa calma en que aparecen estos episodios violentos como el de Rucalhue cada cierto tiempo y creemos que esto se va a seguir manteniendo mientras no exista una voluntad política del Estado”.
Muñoz reconoció que hay avances especialmente en materia legal, como la ley de robo de madera o la ley antiterrorista. Sin embargo, expresó que “puede haber una gran cantidad de leyes, pero sin voluntad política no se va a avanzar porque los brotes de violencia van a continuar. El problema no se ha enfrentado de manera holística”.
¿Qué significa esto? Muñoz argumentó que “esto quiere decir que todas las instituciones tienen que funcionar. El gobierno se puso nervioso porque los chinos vinieron a decir que no hay seguridad, pero esto es algo que como conductos forestales hemos reclamado hace 12 años”.
Finalmente expresó que “a los ataques terroristas hay que abrigar los incendios intencionales y el robo de madera, que son hechos que afectan al sector forestal y empeoran las condiciones de desarrollo para los emprendedores de la región”.
Mientras que Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Familias Víctimas del Terrorismo en la macrozona sur, señaló que “una cosa son las cifras de disminución de delitos y declaraciones que hemos escuchado, como la del exseremi de energía que dijo que el país es una taza de leche, pero otra es la realidad de quienes vivimos en la macrozona. La violencia continúa y para nosotros sigue la misma situación de impotencia, frustración y miedo”.
En ese sentido, argumentó que “puede haber una baja en el número de atentados, pero ha subido la brutalidad de estos actos”.
En definitiva, manifestó que “siempre hemos pedido un respaldo real a las Fuerzas Armadas y a Carabineros, además de una agilidad mayor para dar órdenes de investigación y acudir a zonas donde hay atentados. Se necesita coordinación entre el mundo privado con el Ministerio Público o el Ministerio de Seguridad para evitar quema de maquinarias”.
Fuente: La Estrella
