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Informe de Multigremial afirma que 12.700 hectáreas en la macrozona sur son inaccesibles para el Estado

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A pesar de completar más de mil días bajo la medida de estado de excepción constitucional, existen extensas zonas en la macrozona sur en las que funcionarios de instituciones estatales no pueden ingresar. Así lo muestra el último Informe de Violencia elaborado por la Multigremial de La Araucanía correspondiente a marzo.

De acuerdo con el estudio al que accedió “El Mercurio” solo en la Región de La Araucanía se han identificado 12.700 hectáreas (equivalente a casi 10 veces la superficie de la comuna de Macul o 5,5 veces la superficie de Santiago) en las que ni las policías ni el Ejército han podido ingresar durante los últimos años.

Se trata de seis zonas ubicadas en las comunas de Ercilla (5.200 ha), Carahue y el límite con la provincia de Arauco (3.800 ha), Lumaco (1.800 ha), Traiguén (1.300 ha) y sectores rurales de Lautaro (600 ha). Allí se han establecido grupos radicalizados que mantienen predios usurpados, donde han impedido — mediante ataques armadosel acceso a funcionarios estatales.

Para Patricio Santibáñez, presidente del organismo gremial, esto demuestra “la necesidad de profundizar las estrategias para combatir las bandas criminales”.

Ante esto, desde la Multigremial proponen “profundizar el estado de emergencia constitucional vigente hace tres años” y evaluar la creación de una Fuerza Estatal de Combate al Terrorismo y Crimen Organizado, conformada por personal de élite, con dotación permanente y facultades especiales, para actuar coordinados con las policías, Fuerzas Armadas y fiscalía.

Añaden que, para desarticular a las orgánicas radicalizadas, se requiere mayor respaldo legal a policías y militares, a través de “autonomía técnica para el Ministerio de Seguridad”, de manera que sea un ente independiente del ciclo político, que agrupe a las policías y a la fiscalía bajo un mando profesional.

Retomar el control

Además, Santibáñez propone la creación de un Plan Nacional Contra el Terrorismo y revisar el “control excesivo sobre las policías”, que limita la capacidad de reacción ante hechos urgentes, según afirma. También sugiere fortalecer la inversión regional, con énfasis en las comunas más afectadas, “ya que son las que se encuentran abandonadas por el Estado durante las últimas décadas”.

Por ello, enfatizan desde la Multigremial, que no se necesitan nuevas leyes ni más diagnósticos. “La autoridad civil y militar tiene las herramientas para recuperar el control de estas zonas (...). Pedimos que se instruya de inmediato una operación sostenida para retomar el control de las zonas fuera del Estado, con presencia permanente de fuerzas especializadas, respaldo político y rendición de cuentas pública semanal”.

Para la senadora por La Araucanía y una de las autoras de la Ley de Usurpaciones, Carmen Aravena (P. Republicano), se trata de una “grave señal” la existencia de estas áreas de exclusión “en donde no opera el Estado de derecho".

La también integrante de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento afirma que “elaboramos esta ley para darle las herramientas al Estado para hacer lo que corresponde”. Añade que esto requiere un acuerdo de toda la clase política para que las FF.AA. puedan ingresar a estos territorios.

Exhumación frustrada

El 26 de marzo un operativo policial y militar planificado “durante meses”, según lo informado por la fiscalía regional, el cual pretendía exhumar el cuerpo del militante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) Pablo Marchant; vio frustrado su intento debido a los ataques a disparos que sufrió la comitiva que participaba en la diligencia. El procedimiento fallido debía concretarse al interior del fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco, al norte de La Araucanía. Luego de este hecho, tanto la fiscalía como el Gobierno, confirmaron que no existían las condiciones para concretar la diligencia solicitada por Tribunales.

El diputado Miguel Mellado (RN), calificó como “una vergüenza ” que el Gobierno “se arrodille ante los terroristas de la CAM” y cuestionó la presencia del estado de derecho en la macrozona sur.

El informe elaborado por la Multigremial reportó también una disminución del 54% en los hechos de violencia rural respecto del mismo período de 2024 y un total de 635 episodios durante la administración del Presidente Gabriel Boric. En el documento se lee que “se mantiene la latencia y brutalidad de los grupos que siembran terror en la zona sur”.

Fuente: El Mercurio