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Gobierno anuncia querellas por Ley Antiterrorista tras atentados en Santa Bárbara y Contulmo
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El ministro de Seguridad, Luis Cordero, anunció este domingo en Mesa Central de Canal 13 que el Gobierno presentará querellas invocando la Ley Antiterrorista por los recientes atentados incendiarios ocurridos en la región del Biobío. Las acciones legales se dirigen tanto al ataque registrado en la madrugada del 7 de abril en Contulmo, como al perpetrado este domingo en la Central Hidroeléctrica Rucalhue, en Santa Bárbara.
En este último hecho, un grupo de al menos cinco encapuchados armados ingresó al recinto de la central en construcción, redujo y golpeó a los guardias de seguridad, y luego incendió cerca de 50 maquinarias —entre camiones y equipos de construcción—. Los atacantes huyeron lanzando miguelitos en la ruta y derribando árboles para impedir el avance de las fuerzas de seguridad. Dos de los cuatro guardias resultaron con lesiones leves.
Respecto al atentado en Contulmo, se reportó la quema de tres inmuebles y el hallazgo de un lienzo atribuido a la Resistencia Mapuche Lafkenche (RML).
"Para efectos de la ejecución de estos delitos, una organización destinada a realizar este tipo de acciones, con este tipo de reivindicaciones, constituye una organización terrorista", afirmó el ministro Cordero. Y añadió respecto a la pregunta de si ¿reivindicaciones como la libertad de lo que llaman presos políticos, el retiro de las Fuerzas Armadas de la zona?, afirmó que sí. "Pero también aquellas que están directamente vinculadas a delitos penales contemplados en la ley antiterrorista, como el incendio en zonas pobladas o cercanas a ellas”.
Cordero explicó que la querella se enmarca en la nueva legislación antiterrorista, recientemente aprobada, y que permite al Estado actuar con mayor eficacia frente a este tipo de ataques. “No se trata de un cambio de actitud del Gobierno, sino de una aplicación concreta de la nueva ley. Antes, la dificultad radicaba en tener que probar el ‘ánimo terrorista’, lo cual hacía más eficiente utilizar otras normativas, como la ley de armas o de incendios. Hoy, este marco legal ha cambiado y nos permite actuar con mayor claridad”, señaló.
La Central Rucalhue, ubicada en Santa Bárbara, pertenece a un holding de capitales chinos y aún se encuentra en etapa de construcción. Según el ministro, el nivel de destrucción, el tipo de maquinaria afectada y la intencionalidad del acto justifican plenamente el uso de la ley antiterrorista.
“Queremos dejar muy claro que esta ley no fue aprobada por razones meramente formales. Este tipo de casos son los que justifican plenamente su aplicación”, concluyó Cordero.
