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Experto explica los alcances de la nueva Ley Antiterrorista tras ataque incendiario en Santa Bárbara
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La Ley N° 21.732, recientemente implementada en Chile, busca tipificar con mayor precisión los actos terroristas, sancionar de forma rigurosa a los responsables y proteger los derechos fundamentales. Esta legislación surge en respuesta a críticas sobre la vaguedad de la anterior ley antiterrorista y –tras el atentado en la Central Rucalhue- podría aplicarse por primera vez en la provincia de Biobío.
En ese contexto, diario La Tribuna conversó con el abogado Ociel Rubilar Vallejos, director del estudio jurídico abogadoslosangeles.cl, para conocer los alcances de la legislación que busca combatir de manera más rigurosa, el terrorismo en el país.
1.¿En qué consiste la Ley Antiterrorista y cuál es su objetivo principal dentro del sistema jurídico?
La Ley N° 21.732 tiene como finalidad tipificar de manera precisa las conductas terroristas, establecer sus sanciones y garantizar que su aplicación respete los derechos fundamentales. Esta legislación surge en respuesta a críticas previas sobre la vaguedad y uso arbitrario de la antigua Ley N° 18.314, buscando un equilibrio entre la seguridad del Estado y las garantías individuales.
2.¿Cómo se define legalmente un “acto terrorista”? ¿Qué elementos deben estar presentes para que un delito se clasifique como terrorismo?
Para la definición debemos irnos al artículo 2° de la Ley N° 21.732 que; define un acto terrorista como un delito cometido con la finalidad de producir temor grave en la población o en un sector de ella, o de compeler a las autoridades o a un organismo internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo. Para que un delito común (como un incendio) se clasifique como terrorista, deben concurrir:
- Elemento objetivo: El acto debe estar tipificado en el artículo 3° de la ley, que incluye delitos como homicidio, lesiones graves, incendio, colocación de artefactos explosivos, secuestro, o destrucción de infraestructura crítica (como aeronaves o centrales energéticas).
- Elemento subjetivo: La intención debe ser generar temor grave o coaccionar a autoridades, demostrada por la planificación, los medios utilizados o las reivindicaciones asociadas.
- Medios idóneos: El acto debe emplear medios capaces de causar daño significativo, como explosivos, armas o ataques a infraestructura vital.
- Impacto social: El delito debe tener un efecto que trascienda el daño individual, afectando la seguridad pública o el orden institucional.
En el caso de Rucalhue, el incendio intencional a una central hidroeléctrica, acompañado de mensajes intimidatorios, podría cumplir estos criterios si se acredita la intención de generar temor o presionar a las autoridades, especialmente dado que la ley incluye explícitamente la destrucción de infraestructura crítica (artículo 3°, inciso 2°).
Ociel Rubilar Vallejos
3. ¿Cuándo y cómo se decide aplicar la Ley Antiterrorista frente a un atentado? ¿Es una decisión del fiscal, del juez o del gobierno?
La aplicación de la Ley N° 21.732 comienza con el fiscal, quien evalúa los antecedentes de la investigación para determinar si el delito reúne los elementos de un acto terrorista. En el caso de Rucalhue, entiendo que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, ya anunció la aplicación de la ley debido a la gravedad del atentado y su impacto en infraestructura crítica, marcando un precedente en la provincia de Biobío. La decisión se basa en evidencia como la naturaleza del acto, los medios utilizados y posibles reivindicaciones.
Por su parte, el juez de garantía revisa esta calificación durante la formalización, pudiendo confirmar o rechazar la aplicación de la ley según los antecedentes. El gobierno puede influir al presentar querellas por terrorismo, orientando la investigación, como ha ocurrido en casos similares en la macrozona sur. La Ley N° 21.732 refuerza el rol del fiscal al exigir una fundamentación clara de la intención terrorista (artículo 2°), lo que busca reducir aplicaciones arbitrarias.
4. ¿Qué tipo de atentados han sido calificados como actos terroristas? ¿Podría dar algunos ejemplos relevantes?
Dado que la Ley N° 21.732 es reciente (febrero de 2025), no existen antecedentes directos de su aplicación antes del caso Rucalhue. Sin embargo, bajo la derogada Ley N° 18.314, se calificaron como terroristas atentados como:
• Atentados en el Metro de Santiago (2014): Colocación de artefactos explosivos para generar temor masivo.
• Ataques incendiarios en La Araucanía: Quema de camiones, maquinaria forestal o infraestructura, atribuidos a grupos con demandas territoriales, cuando se acreditó intención terrorista.
• Caso Luchsinger-Mackay (2013): Incendio con resultado de muerte, investigado inicialmente como terrorismo (luego cambio su aplicación).
5. ¿Cuáles son las principales diferencias en el tratamiento judicial de un delito común y uno calificado como terrorista?
La Ley N° 21.732 establece diferencias significativas entre delitos comunes y terroristas:
-Penas: Los delitos terroristas tienen penas agravadas. Por ejemplo, un incendio común (Código Penal, artículo 476) puede sancionarse con 3 a 5 años, mientras que un incendio terrorista (artículo 3° y 4° de la Ley N° 21.732) puede implicar 7 años a presidio perpetuo, según los resultados.
-Procedimientos especiales: La ley permite medidas como la detención sin comunicación por hasta 7 días (artículo 10°), interceptación de comunicaciones, uso de agentes encubiertos y testigos protegidos, siempre con autorización judicial.
-Prisión preventiva: Es más probable en casos terroristas debido a la gravedad y el riesgo social, con requisitos estrictos para la libertad provisional.
-Investigación: Los casos terroristas son priorizados por fiscalías especializadas y pueden involucrar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).
-Carga probatoria: Se requiere probar la intención terrorista, lo que puede ser complejo, pero la ley facilita el acceso a herramientas investigativas avanzadas.
6. ¿Qué implicancias tiene para el acusado el ser procesado bajo esta ley? ¿Se le restringen derechos, cambia el régimen de detención o el acceso a garantías judiciales?
Ser procesado bajo la Ley N° 21.732 implica:
1. Régimen de detención: Permite la detención incomunicada por hasta 7 días (artículo 10°), restringiendo el contacto con abogados o familiares, con autorización judicial.
2. Prisión preventiva: Es más probable debido a la gravedad del delito, con requisitos estrictos para la libertad provisional.
3. Restricción de garantías: El uso de testigos protegidos (artículo 11°) dificulta el derecho a la defensa, ya que la identidad de los testigos puede ser reservada.
4. Penas más severas: Las condenas son más largas, afectando significativamente la libertad del acusado.
5. Estigmatización: La calificación como terrorista genera un impacto social y mediático que puede afectar la presunción de inocencia.
No obstante, los acusados conservan derechos fundamentales, como el acceso a un abogado, el derecho a un juicio justo y la posibilidad de apelar.
Fuente: La Tribuna
