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Gremios y parlamentarios dicen que estado de excepción no basta para controlar a grupos radicales
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A tres semanas de que el estado de excepción constitucional cumpla tres años de vigencia sin interrupciones en la macrozona sur, gremios y parlamentarios valoran la medida, pero coinciden en que es necesario mejorarla para evitar atentados como el registrado hace una semana en el Biobío, que dejó 51 camiones y maquinarias destruidos.
Entre las propuestas, llaman a desalojar predios ocupados por orgánicas radicalizadas, tramitar las leyes de Inteligencia y Reglas del Uso de la Fuerza, y entregar más autonomía y respaldo al actuar de policías y Fuerzas Armadas.
Desde la Multigremial de La Araucanía valoran la mantención de la medida, pero apuntan que “ya es tiempo de perfeccionarla”. Para ello, proponen un plan nacional contra el terrorismo, “que incorpore a fiscales, jueces y mayor voluntad política”, plantea Claudia Lillo, directora ejecutiva del organismo. Añade que el Estado debe recuperar el control de los terrenos ocupados y plantea que “se requiere contar pronto con la normativa sobre Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para proteger a quienes nos protegen”.
Desde la Asociación de Agricultores Unidos, su presidente, Camilo Guzmán, advierte que es fundamental “entregar garantías jurídicas claras y un respaldo institucional sólido a las fuerzas desplegadas”, y que se ponga acento “en los principios universales de justicia, dignidad y proporcionalidad”.
Enfatizan que la medida debe dar paso a solucionar “la crisis causada por el abuso económico de la agroindustria y la falta de oportunidades reales en las zonas rurales, que debe resolverse para lograr una solución permanente”.
Para el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVRU), Alejo Apraiz, si bien el Gobierno ha sido “eficiente en llevar a cabo el estado de excepción”, aún “falta decisión política para entregar la autonomía en la toma …
“Sabemos, cada vez que aprobamos un estado de excepción, que este termina siendo insuficiente”, afirma la diputada (DC) por el Biobío Karen Medina y valora la detención de Federico Astete, sindicado como uno de los cabecillas de la orgánica Resistencia Mapuche Lafkenche. Sin embargo, la senadora coautora de la Ley Antiterrorista, Carmen Gloria Aravena, advierte que Astete es “solo uno de los líderes de esta agrupación, originada en la antigua Franja Lafkenche, compuesta por varias células que siguen operando”. Por ello, añade, “el estado de excepción debe contar con mejores normativas. Ya lo hicimos con la nueva Ley de Usurpaciones y la Ley Antiterrorista. Ahora el Gobierno debe actuar, desalojando los territorios ocupados por orgánicas terroristas, y acelerar la Ley de Inteligencia, porque hoy no se están anticipando los ataques”.
El diputado RN Miguel Becker plantea que “hoy nuestro Ejército está de manos atadas”, y coincide en que “la Ley de Inteligencia que esperamos que pronto sea ley de la República permitirá a las Fuerzas Armadas tener mayores elementos para poder desarticular e interceptar posibles atentados”.
En tanto, el diputado de Amarillos Andrés Jouannet enfatizó que “hay que tener voluntad política. Carabineros y militares deben estar resguardados respecto de la justicia”. Al respecto, detalló que “en estado de excepción los militares debieran ser juzgados por tribunales militares, si no, no van a actuar”.
La semana pasada, ambas cámaras del Congreso votaron favorablemente extender el estado de excepción en el sur. Con esta renovación, la medida cumplirá tres años ininterrumpidos, desde su promulgación el 16 de mayo de 2022, cuando se estableció para la protección de rutas en La Araucanía, y las provincias de Arauco y Biobío.
Pese a ello, durante el período se han registrado episodios de violencia de alta connotación, como el ataque al Molino Grollmus; el incendio a 31 cabañas en el sector del lago Lanalhue, o la quema de más de medio centenar de maquinarias, hace una semana, en Santa Bárbara.
Fuente: El Mercurio
