Principales conclusiones de la Comisión Especial de Investigación del robo de madera de la Cámara de Diputados
Como gremio forestal interesado en el esclarecimiento y compromiso político con su investigación y persecución, consideramos importante compartir las principales conclusiones a las que llegó:
El robo de madera es producto y síntoma de la crisis de seguridad por la que atraviesa la Macrozona Sur y que se ha extendido al resto del país. El no cumplimiento de las leyes, la desidia en la persecución penal por parte de los organismos responsables, la impunidad reinante, entre otros elementos, han extendido sobre la región y el país una sombra que desafía al sistema democrático y la libertad de los ciudadanos.
De esta forma, el fenómeno criminal del robo de madera, se ha convertido en una millonaria industria que al no ser nunca perseguida con decisión de forma penal ni administrativa, ha ganado al Estado (y continuará haciéndolo) un vasto territorio que debe sufrir los dictámenes de bandas paramilitares que han estado acumulando dinero y armas mientras participan de una actividad que, al margen de la legalidad, sólo se rige por quién tiene posee un mayor poder de fuego y descaro, al nivel que la justificación ideológica o de reivindicaciones territoriales ya no es un argumento que esgriman la estructuras criminales.
Al ser un mercado criminal sumamente rentable en materia económica y de bajo riesgo debido a la constante ausencia del Estado, se convierte no solo en una plaza criminal amplia y disputable, sino también en un modelo que se ha ido replicando a lo largo del país (productos de la minera en el norte y centro norte, alimentos en la zona central, productos del mar en la zona sur y austral, etc.).
Como toda oportunidad criminal rentable, nuevos actores (no necesariamente locales y aún más complejos) pueden ir sumándose y con ellos nuevas prácticas que permitan fortalecer el mecanismo y la industria criminal, en la que la amenaza de la corrupción, el amedrentamiento de víctimas y testigos, los desplazamientos forzados, la penetración de las instituciones y la política serán componentes habituales.
Finalmente, se observa una débil capacidad del Estado para abordar el fenómeno de robo de la madera, el que se trata de un complejo mecanismo que involucra una serie de etapas, donde su control no sólo debe efectuarse en la prevención del delito o en la persecución en flagrancia. La investigación de casos debe permitir a las policías, al Ministerio Público, a la Justicia y al Estado comprender el modelo criminal y que parte de esa lucha le corresponde, requiriendo de una especialización.
De acuerdo a los testimonios recabados en la Comisión, no es posible concluir, bajo ninguna circunstancia, que exista un vínculo entre la causa mapuche o las demandas territoriales de pueblos indígenas con la organización delictual que posibilita el desarrollo y comercio del crimen organizado en torno a la sustracción de madera.
Conclusiones y Recomendaciones
I.- En cuanto al rol de las policías
1) Para una labor más eficaz, los equipos dedicados a investigar el robo de madera deben ser reforzados con profesionales como ingenieros forestales, contadores, expertos tributarios, geógrafos, etc.
Por consiguiente, el Estado debería dotar a estas instituciones de un presupuesto acorde a la exigencia que pesa sobre ellas para investigar este tipo de delitos.
2) En el caso de la PDI, se recomienda dotarla con recursos que permitan reforzar el trabajo policial, como por ejemplo facilitar el transporte aéreo autónomo e inmediato de los equipos interdisciplinarios a las zonas que sean requeridas, con tiempos de reacción reducidos en comparación al cuadro actual, permitiendo el despliegue de equipos policiales especializados.
3) Tratándose de Carabineros, deben contar con la información de inteligencia y el equipamiento y tecnología necesarios para conocer los horarios y las rutas de transporte del material robado, como asimismo el origen y el destino de la carga.
Se recomienda, además, que la institución implemente un sistema de rotación de los efectivos policiales que han estado destinados mucho tiempo en un determinado territorio, porque la permanencia prologada puede facilitar las prácticas de corrupción en que se vean involucrados los integrantes de Carabineros de Chile, sin perjuicio de la coacción o amenaza de que puedan ser víctimas.
II.- El Ministerio Público
1) La investigación debe apuntar no solo a la persecución penal, sino también, y dada la complejidad del fenómeno, a comprender el modelo que utilizan las organizaciones criminales involucradas en este ilícito.
2) Han pasado más de 20 años de la Reforma Procesal Penal, por lo que resulta del todo prudente una evaluación respecto de cómo ha funcionado esta institucionalidad, máxime considerando la situación de inseguridad que actualmente vive el país, y en particular la macrozona sur, con una criminalidad cada vez más organizada y compleja.
Dado este contexto, la Comisión llegó a la conclusión de que se necesitan más fiscales para la zona afectada por el robo de madera, y también que sean fiscales especializados.
Lo anterior requiere una modificación de la LOC del Ministerio Público, solo para efecto de contar con más fiscales, ya que para la contratación de personal de apoyo o de profesionales especializados que puedan aportar a la investigación desde la perspectiva técnica solo se requiere inyectar más recursos.
3) Otro aspecto importante dice relación con revisar la distribución del personal del Ministerio Público, pues la descentralización no está operando en este organismo.
4) Por último, también se sugiere que el Ministerio Público implemente un sistema de control interno y de rotación de los fiscales una vez finalizadas las causas, porque la permanencia prologada puede facilitar las prácticas de corrupción en que se vean involucrados los integrantes del Ministerio Público, sin perjuicio de la coacción o amenaza de que puedan ser víctimas.
III.- Apoyo logístico y tecnológico para una mejor fiscalización
1) Debe dotarse a los distintos organismos (Fiscalías, Policías, SII, Aduanas, CONAF) del equipamiento tecnológico que les permita una adecuada fiscalización en terreno y el cruce de información, entre sí y con las empresas del rubro, para establecer “sellos de buena madera”, que permita mejorar y uniformar la trazabilidad de la madera.
Dentro de dicho equipamiento hay que considerar la adquisición de cámaras, drones, software, etc.
2) Tanto el SII como CONAF deben contar con equipos especializados y exclusivos, o con dedicación exclusiva, para fiscalizar en terreno los aserraderos clandestinos y la corta ilegal, valiéndose para ello de herramientas tecnológicas (la georreferenciación, por ejemplo), como es el caso de 32 aserraderos clandestinos ubicados entre las comunas de Cañete y Los Sauces, en un radio de 90 kilómetros, y que nunca han sido fiscalizados.
Los planes de manejo de CONAF deben estar expresados en volumen de madera más que en hectáreas; y debe existir una mayor coordinación con el SII, a fin de dilucidar si la información que contiene el plan de manejo respecto del volumen de madera extraída guarda o no relación con las facturas emitidas.
3) Asimismo, el SII y Aduanas deben poner en marcha un plan de fiscalización enfocado en el lavado de activos y en la persecución de la denominada “ruta del dinero”.
Este plan de fiscalización debe ir acompañado de una debida coordinación con las Policías, pues los fiscalizadores que no tienen un rol persecutor del delito, como es el caso del SII y de Aduanas, no pueden enfrentarse a bandas de crimen organizado que eventualmente atenten contra su vida o integridad física. En definitiva, las Policías son las llamadas a proporcionar el debido resguardo para que las instituciones mencionadas, u otras, puedan cumplir con su rol fiscalizador.
IV.- Marco legislativo
Se necesita un marco legal más robusto, acorde con la ley que sanciona la sustracción de madera, que ha demostrado ser eficaz. Sin embargo, por eso mismo existen altas probabilidades de que las bandas de crimen organizado que hasta ahora se han dedicado al robo de madera, empiecen a emigrar hacia otros rubros para seguir lucrando (robo de animales, vehículos, etc.). En razón de lo anterior, es menester avanzar en la tramitación de otros proyectos de ley que se encuentran pendientes, como por ejemplo el de inteligencia, infraestructura crítica, y el que tipifica y sanciona la usurpación, pues la sustracción de madera se inicia con la posesión ilegítima de terrenos.
V.- Otras recomendaciones
1) Fortalecer la contrainteligencia y la probidad, considerando que el crimen organizado procura corromper la institucionalidad pública. De ahí la necesidad de pesquisar la actuación de las policías y de organismos como el SII y CONAF.
Dada la magnitud del negocio ilícito, no se puede descartar que en algunas instituciones públicas la corrupción esté instalada y, por ello, el Estado debe estar muy atento ante eventuales casos de corrupción que podrían estar vinculados a un negocio ilegal de estas características.
2) Debe prestarse atención no solo al robo de madera, sino también a la tala ilegal de bosque nativo, sobre todo en predios fiscales de gran envergadura, situados especialmente en las regiones de Los Ríos y de Los Lagos, y que está íntimamente ligada a la producción ilegal de leña. Sobre el punto, el Ministerio de Bienes Nacionales debe ejercer un rol fiscalizador más activo.
En relación con lo anterior, se propone que CONAF calcule periódicamente la calidad del bosque nativo, utilizando para ello tecnología satelital avanzada, con lo cual se evita destinar recursos humanos para cumplir en terreno tal objetivo.
3) Por último, se recomienda impulsar una modificación legal que permita a la Dirección General del Crédito Prendario vender o rematar de forma rápida los camiones y la maquinaria decomisada, y que los recursos obtenidos puedan destinarse a los organismos encargados de perseguir el crimen organizado de robo de madera.
Como Acoforag, esperamos que el trabajo de esta comisión ayude a entender este grave problema. Ya hecho el análisis, es tarea del gobierno tomar el bastón de la posta.
