Macrozona Sur: Gremio pide que el Estado provea de seguro a contratistas forestales
Plantean que similares garantías son necesarias también para agricultores, comerciantes y víctimas de la violencia en las zonas de peligro por la violencia extrema. Argumentan que en 2022 aumentaron en un 17% los atentados incendiarios, siendo asesinados cuatro trabajadores forestales mientras otros 20 resultaron heridos.
Un aumento de un 17% en los atentados incendiarios a faenas forestales durante el 2021 dieron a conocer en un balance la Asociación de Contratistas Forestales -Acoforag- y donde contabilizaron un total de 104 hechos de violencia en la Macrozona Sur, dejando cuatro trabajadores asesinados producto de estos hechos.
Recordemos que este sector productivo es afectado desde 2014 con ataques armados a faenas forestales con la quema de equipos de alta tecnología, siendo la situación de mayor gravedad en 2022 el asesinato de cuatro trabajadores forestales y más de 20 heridos en estos ataques.
El gerente de Acoforag René Muñoz Klock se refirió a estos hechos, donde comentó que “el 2022 fue el año con más eventos violentos, donde incidió lo ocurrido en la región de La Araucanía y la región de Los Ríos, Biobío ha bajado un 3% y Los Lagos un 25% en relación al año pasado. En términos generales, los atentados han aumentado un 17% en relación al 2021 y esperamos empezar a descender en la cuerva porque no es posible mantener esta tendencia alcista todos los años”, explicó Muñoz, quien recordó a César Millahual, Benjamín Cuevas, Alejandro Carrasco y Segundo Catril, todos trabajadores forestales que fueron asesinados en sus lugares de trabajo en el bosque.
En este punto comentó que “ellos y sus familias son los mudos testigos de la violencia irracional que nos aplasta con fuerza y de un Estado que ha abandonado a los habitantes de esta parte del país, quienes realizamos un trabajo legal y formal. Ellos son los mártires de esta declaración de guerra a la industria maderera que no tiene control” indicó.
DETALLE DE LAS CIFRAS
Dentro de las cifras entregadas, destacan abril y agosto como los meses con más atentados desde que tiene registro la Acoforag, lo que es particularmente grave, considerando la situación el Estado de Excepción Constitucional que rigió durante el periodo.
En esa línea, René Muñoz enfatizó que “los meses más complejos fueron abril con 17 eventos violentos y agosto con 16, además de julio y noviembre que registraron 12 atentados. Tuvimos cuatro meses muy violentos, por lo que este año la cantidad de atentados ha sido mayor y los meses más afectados desde que tenemos registro, han sido en 2022”.
En esa línea agregó que “en cuanto a las comunas y territorios afectados, se mantiene la misma tendencia del año anterior, donde Curanilahue es la comuna más afectada en Biobío, Lumaco en La Araucanía, La Unión en Los Ríos y San Juan de la Costa en la región de Los Lagos”.
ARRESTO DE LOS LLAITUL
Consultado sobre la detención del clan Llaitul, cabecillas de la Coordinadora Arauco Malleco, CAM, entre agosto y noviembre y un posible efecto en la cantidad de ataques, Muñoz, señala “si se notó un descenso en el mes de diciembre principalmente, no tanto en noviembre que siguió la tendencia de diez a 12 atentados mensuales, pero en diciembre tuvimos tres, por lo tanto, creemos que hubo en efecto con la detención de estos líderes violentistas”.
EQUIPOS DESTRUIDOS Y APOYO A LAS VÍCTIMAS
En cuanto a los efectos de estos atentados a las faenas de empresas contratistas, desde el gremio indican que “en promedio en 2022 tuvimos casi nueve equipos destruidos por mes, el año pasado fueron siete, lo que está afectando la inversión y el trabajo, no solo el de los contratistas, sino que el de los trabajadores forestales”.
Según indicó el gremio, esta inseguridad para trabajar en el sector forestal ha significado la migración hacia otros sectores productivos como la construcción y la minería y no hay contratistas que hoy quieran crecer dentro de la actividad, debido a la falta de certezas. En ese contexto, René Muñoz, explica que “ya son nueve años en los que estamos siendo permanentemente afectados, es por esto que le pedimos certezas al Estado, porque no tenemos seguros, los que hay son demasiado caros y te retribuyen menos del 40% del valor del equipo quemado, además de la inseguridad de trasladarse por los caminos, hace invivible el ambiente”.
Por último, el gerente de Acoforag indicó que “estamos pidiendo al Estado que provea de un seguro y que la ayuda sea real, no solo a los contratistas forestales, sino que también a los agricultores, comerciantes y víctimas en general. La actividad forestal sin seguro no funciona porque se hace muy arriesgado invertir ya que los equipos más baratos cuestan US$150.000 hasta US$1.500.000. La gran salida sería un seguro acorde al mercado” indica Muñoz, y concluye “en términos de la violencia, esperamos que este año haya sido el tope y que el 2023 empiece a bajar la curva, a reducirse la inseguridad y mejorar las condiciones para trabajar en el bosque”.
