El efecto de la violencia en la Macrozona Sur en la educación: 25 colegios quemados y casi 900 alumnos afectados
El 13 de marzo de este año, vecinos del sector rural donde se emplaza la escuela Las Cardas, en la comuna de Victoria en La Araucanía, veían con impotencia cómo el recinto educativo terminaba consumido por las llamas provocadas por antisociales cerca de las 4:30 am.
El fuego logró avanzar con rapidez reduciendo a cenizas las salas de clases y los espacios que albergaban a unos 43 alumnos del sector. Al encontrar pancartas en el lugar supieron que había sido un atentado, el que ya se sumaba a otros ocurridos en la comuna que también afectaron a establecimientos educacionales rurales, como la escuela Trangol y la Pailaquehue.
El último episodio de este tipo ocurrió el 2 de junio, también en Victoria. Esta vez el ataque tuvo como víctima a la comunidad de la escuela Bollilco, lugar donde miembros de la orgánica Resistencia Mapuche Malleco ingresaron para incendiar el recinto educativo en el cual un profesor, que ejercía como docente y cuidaba en la noche, debió huir por una ventana para salvar su vida de las llamas, que en poco tiempo destruyeron por completo esta escuela. Un establecimiento particular subvencionado administrado por la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, donde estudiaban también niños de las comunidades mapuches aledañas.
25 escuelas destruidas desde 2018
En un análisis hecho por El Líbero en base a datos entregados públicamente por el Ministerio de Educación, así como registros de matrícula y la revisión de eventos relacionados a incendios intencionales a lo largo de los años, ha sido posible constatar que desde el año 2018 a la fecha casi 900 alumnos y sus familias han sido víctimas de la violencia en la Macrozona Sur, tras resultar los establecimientos educacionales en los que estudian o estudiaban con daños importantes producto de ataques incendiarios.
Hasta 2021 eran 15 y hoy ya se registra un total de 25 escuelas del ámbito rural que han terminado destruidas como consecuencia de estos atentados, concentrándose los daños en la región de La Araucanía con 15 recintos educativos atacados, seguido por Biobío con 9 y Los Lagos con uno.
Cabe mencionar que en algunas de las entregas informativas que el Mineduc ha hecho, también se incluyen incendios a establecimientos cuyo origen es accidental, los cuales han sido eliminados para efectos del presente conteo y entrega de datos.
El listado
Las escuelas afectadas en La Araucanía son: Jardín Infantil Antu Rayen de Ercilla, Escuela Particular Trapilhue de Freire, Jardín Pidima de Ercilla, Escuela Tricauco de Ercilla, Escuela Kimun Newen de Victoria, Escuela Pailahueque de Victoria (quemada en 3 ocasiones), Escuela Radalco de Curacautín (2 veces afectada), Escuela Rural Alto Meco de Lautaro, Jardín Infantil Alto Meco de Lautaro, Escuela Rural Los Cerezos de Perquenco, Escuela Trangol de Victoria, Escuela Elena Müller de Los Sauces, Escuela Rariruca de Curacautín, Escuela Las Cardas de Victoria y Escuela Bollilco de Victoria.
En la IX Región son 475 los estudiantes afectados.
En Biobío los nueve establecimientos afectados fueron: Escuela Cerro Negro de Tirúa, Escuela Pedro Etchepare Borda de Cañete (quemada dos veces), Escuela Ana Molina de Tirúa, Escuela Juan Aguilera Jerez de Cañete, Centro Educativo Felipe Cubillos Sigall de Arauco, Jardín Semillitas de Cañete, Jardín Pichi Ayen de Tirúa, Escuela Grano de Trigo de Contulmo, Escuela Las Misiones de Tirúa.
Esta situación ha afectado a 359 alumnos.
Y en Los Lagos quemaron la Escuela Rural Cristo Rey, de Puerto Varas, en abril de 2020. En este centro había matriculados 28 estudiantes.
Niños sufren las consecuencias de las escuelas quemadas
La amenaza hoy es para los escolares, protagonistas de un panorama complejo para la educación rural en la Macrozona Sur, que va entre miedo, incertidumbre y lo marca la violencia. Fue uno de los temas que abordó el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas, en su cuenta pública del pasado 9 de junio. Frente a las autoridades y el delegado presidencial aseguró que “no podemos permitir que nuestros niños sufran las consecuencias de la violencia y falta de seguridad. Es una fuerte vulneración de los derechos humanos”.
“Es fundamental que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas enérgicas para proteger a nuestros niños. Asimismo, instituciones como la ONU y la Unicef se deben involucrar de manera activa y efectiva en la resolución de este grave problema”, sostuvo. El gobernador fue más allá y solicitó al gobierno “una ley que diga ‘Escuela quemada, escuela reconstruida’. Basta que los territorios sigan amedrentándose sin respuestas del Estado y sus instituciones”.
A los alarmantes datos de la cantidad de escuelas quemadas y niños afectados, se suman los malos resultados de la prueba Simce del año pasado. Fueron los peores números obtenidos en matemáticas y lectura desde al menos 2012, y en el caso de La Araucanía, los estudiantes de segundo medio obtuvieron el segundo peor promedio a nivel nacional en la prueba de matemáticas.
Educación rural en llamas
Rosendo Morales Cayuleo es el director y sostenedor de la escuela rural Patria Nueva de la comuna de Freire. También fue presidente de la Asociación de Sostenedores Mapuche (Asoma), experiencia desde la que ha visto la realidad que hoy viven las escuelas rurales en la Macrozona Sur del país.
En conversación con El Líbero, el educador explica la importancia que hoy tiene la educación en el sector rural, así como el daño que producen los atentados a las escuelas en estos remotos lugares para sus habitantes y familias. “Si los niños no van al colegio, si no se les entrega apoyo, no tienen forma de progresar. Entonces, quienes estamos sirviendo a la comunidad desde nuestros establecimientos, llevamos muy dentro sacar adelante a nuestros niños, porque la única forma de superar la pobreza es la educación. Cumplimos un rol muy importante en la sociedad”, señala Morales.
Respecto a los atentados que han reducido a cenizas a decenas de establecimientos rurales en los últimos años, Rosendo Morales explica que la situación es especialmente complicada hoy en día, sobre todo porque muchos establecimientos que se han negado a colaborar con los violentistas sienten una amenaza constante si no acceden a las peticiones de las que son objeto.
“Cuando un colegio es incendiado es muy complicado. Quizás puede ser una estrategia de silenciar, porque muchos sostenedores no se comprometen en la parte política. Son independientes. Entonces, cuando uno no quiere colaborar con esos organismos que se dedican a quemar los colegios o hacer daño, uno está siendo afectado, porque puede ser atacado o perjudicado”, explica el sostenedor de origen mapuche.
Ahora bien, si el colegio afectado no es municipal o estatal, sino particular subvencionado, la situación es aún peor, según explica Morales. Y es que la contratación de seguros es casi inexistente por su valor o bien porque no están disponibles, por lo que al ser objeto de un atentado o accidente, es virtualmente imposible rescatar hoy esa infraestructura.
“Cuando queman un colegio municipal, lo repone el Estado. Cuando queman un colegio particular subvencionado, esa escuela muere ahí, porque el sostenedor no tiene los recursos para construir un nuevo colegio, y si solicita apoyo del ministerio, tampoco se lo va a dar, porque simplemente no es municipal y no hay posibilidad de obtener algún recurso”, advierte.
Es la mezcla perfecta de componentes para que progresivamente la educación rural se debilite cada día más en la Macrozona Sur, con todas las complicaciones que esto trae para las familias de escasos recursos que hoy acuden a estos establecimientos, donde también muchos de los niños acceden a su alimentación.
Fuente: www.ellibero.cl
