¿Cómo rentabilizar al bosque nativo?
Por Ricardo González J.
Economista de Recursos Naturales y Medioambiente, académico del Departamento de Ciencias Forestales, Facultad de Ciencias Agropecuarias y Medioambiente, Universidad de La Frontera e investigador asociado del Centro Nacional de Excelencia de La Madera (CENAMAD), PUC.
La deforestación y degradación del bosque nativo se ha debido históricamente a la existencia de usos de la tierra más rentables, como la agricultura y la ganadería. Además, el bosque constituye un capital natural que puede ser convertido rápidamente en dinero fresco, en forma de leña y madera, constituyendo un incentivo perverso para la deforestación y degradación. Una vez explotado puede ser imposible recuperar el recurso.
El bosque nativo al tener un crecimiento lento tiende a ser menos rentable que otros usos de la tierra. Por otro lado, a excepción de la madera y leña, los bienes y servicios ecosistémicos no tienen valor de mercado, es decir, son externalidades positivas, beneficiosas para la sociedad, pero, el productor no recibe ingresos por su producción. Este fenómeno constituye la “falla de mercado” del bosque nativo.
Si se reconociera valor económico a los beneficios ecológicos del bosque nativo, aumentaría su rentabilidad, haciéndolo más competitivo respecto de otros usos de la tierra. Como los propietarios toman decisiones basadas en la generación de renta, esta mayor rentabilidad incentivaría a los propietarios a aumentar su producción.
La sociedad pierde por no compensar a los propietarios y, en ningún caso gana por aprovechar los beneficios de la conservación del bosque nativo sin contribuir económicamente, es decir, asume un costo social (costo de oportunidad) en términos de todo el bosque nativo que podría aumentar si se compensara a los propietarios por producir bosque nativo.
Desde el punto de vista de los propietarios, conservar el bosque implica asumir un costo de oportunidad de conservación, al tener que renunciar a ingresos que podrían obtener de otros usos de la tierra más rentables. Sin embargo, la autoridad no ve ese sacrificio y asume que los propietarios deben cumplir con exigentes normativas ambientales más bien por una cuestión moral y, desconociendo que estas resultan costosas para el propietario, que no siempre tiene la libertad económica de asumir tales desafíos.
En otros países existen instrumentos económicos de política ambiental que pueden corregir esta falla de mercado, como los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) y Contratos de Servidumbres de Conservación, los cuales tienen el potencial de aumentar la rentabilidad del bosque nativo e incentivar así su conservación.
Los esquemas de PSA, por ejemplo, proponen que los usuarios de ciertos servicios ecosistémicos, como la producción de agua, paguen a los propietarios de bosque nativo por su producción. A su vez, los Contratos de Servidumbres de Conservación se utilizan cuando no se puede identificar a los usuarios directos de dichos servicios, permitiendo que sea el Estado quien compense directamente a los propietarios, por ejemplo, por conservar hábitats que benefician a toda la sociedad.
Un estudio en la Región de La Araucanía mostró que los propietarios de bosque nativo estarían dispuestos a participar en programas de conservación si recibieran compensaciones económicas adecuadas. Estos reconocían los beneficios ecológicos del bosque, pero, por otro lado, también enfrentaban altos costos de oportunidad de conservación.
Estos variaban espacialmente, en términos de renta anualizada, entre US$80 a US$130 (ha/año), a medida que variaban condiciones de sitio como altitud, pendiente, clase de uso de suelo, accesibilidad y, características de los propietarios, mostrando diferencias significativas entre micro-propietarios, pequeños, medianos y grandes propietarios.
En resumen, los instrumentos de política como los contratos de PSA y las servidumbres de conservación representan una solución viable para corregir la falla de mercado del bosque nativo. No solo compensarían a los propietarios por los beneficios ecológicos que sus tierras proporcionan, sino que también transformarían la conservación en una opción rentable y competitiva, lo que permitiría la coexistencia de la preservación de los ecosistemas forestales con las actividades productivas. Esto contribuiría a un modelo más sostenible y equilibrado entre el uso económico de la tierra y la protección del medioambiente.
Actualmente, está en vigencia la Ley 20.930 de 2016 de Derecho Real de Conservación que permitiría establecer contratos de servidumbres de conservación y de PSA, pero, falta todavía un reglamento para la ley y una institución fiduciaria que vele por el cumplimiento y administración de dichos contratos. Esta ley tiene un potencial insospechado para muchos, como por ejemplo, en el caso de los esquemas de PSA abre las puertas a la posibilidad de financiamiento privado de la conservación.
