Hallazgos arqueológicos: Una tapa de bebida o una momia frenan por igual inversiones en Chile (y el negocio que hay detrás)
La ley vigente no distingue adecuadamente entre un hallazgo menor y un descubrimiento significativo, como una momia o vestigios incaicos.
La tramitación de proyectos de inversión en Chile enfrenta serios desafíos cuando aparecen hallazgos arqueológicos durante las obras. La actual normativa obliga a paralizar inmediatamente cualquier proyecto hasta que se determine el valor del descubrimiento, lo que puede provocar retrasos prolongados y costos elevados, afectando tanto a las empresas como a la ciudadanía.
La Facultad de economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile organizó el conversatorio “Tensiones al progreso económico frente a nuevos desafíos: Protección Patrimonial” en el que participaron Rosario Navarro, presidenta de Sofofa; Louis de Grange, ex presidente del Metro de Santiago; Emilio La Cerda, ex subsecretario de Patrimonio Cultural; y Óscar Acuña, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales.
La ley vigente no distingue adecuadamente entre un hallazgo menor y un descubrimiento significativo, como una momia o vestigios incaicos. Esta falta de diferenciación genera una burocracia lenta y costosa. José de Gregorio, decano de la FEN, expresó que hoy en Chile “una tapa de Coca-Cola o una momia pueden detener un proyecto”. La clave, según De Gregorio, es evaluar correctamente el costo y el beneficio de postergar proyectos importantes, como una línea de metro en sectores vulnerables, donde el retraso afecta a miles de personas.
El empresario Juan Carlos Latorre, uno de los asistentes al seminario, compartió un caso real de un proyecto de 10 hectáreas que se paralizó por meses solo para asignar a un contratista. El proceso fue aún más largo porque la secretaria responsable del trámite en el Consejo de Monumentos Nacionales estaba con licencia por maternidad y hubo que esperarla.
Excavaciones
Una vez asignado el contratista, se solicitó hacer 400 excavaciones en busca de posibles hallazgos. Tras seis meses y un costo elevado, no se encontró nada significativo, pero el contratista propuso duplicar las excavaciones en la hectárea siguiente “por si acaso”. Esta discrecionalidad sin arbitraje genera una parálisis que no se ajusta a los tiempos y costos de los proyectos y eleva finalmente el valor que terminarán pagando las personas que comprarán la obra.
“Lo más grave es que el proceso es completamente unilateral, sin arbitraje ni posibilidad de reclamo. Estamos a merced de un pequeño grupo de contratistas, que aunque probablemente sean de buen nivel, la estructura está desarticulada”, señala.
Costos elevados. Louis de Grange, ex presidente del Metro de Santiago, explicó los sobrecostos asociados a los hallazgos arqueológicos en las líneas del Metro.
Uno de los ejemplos más concretos que De Grange mencionó en relación a la paralización de proyectos fue el caso de la línea 3 del Metro, donde un joven arqueólogo detuvo una faena por tres meses al encontrar un pequeño cuarzo en una zona donde no se esperaba hallar ese mineral. Esta simple piedra desencadenó la elaboración de una tesis sobre el desarrollo cultural en la zona, a pesar de que el impacto de dicho hallazgo era mínimo para el proyecto en cuestión.
De Grange también destacó el caso de la línea 7, que sufrió retrasos de hasta dos años debido a hallazgos arqueológicos. Mencionó que estos retrasos no solo causaron problemas logísticos, sino que también representaron un sobrecosto de US$57 millones adicionales debido a los procedimientos asociados con la preservación arqueológica. Estos retrasos, además del costo financiero, generan un impacto social significativo, especialmente en las personas que dependen del transporte público para su vida diaria.
Otro ejemplo concreto fue el proyecto de la estación Baquedano. Aunque se alcanzó un acuerdo con las comunidades locales para modificar el acceso de la estación, luego se exigió un nuevo estudio de impacto ambiental, a pesar de haber sido parte del acuerdo original con el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Este tipo de cambios no planificados y decisiones discrecionales han generado demoras innecesarias, afectando directamente el desarrollo de proyectos clave para la ciudad.
Rosario Navarro, presidenta de Sofofa, señaló que los museos y universidades no tienen capacidad para recibir los hallazgos menores, como fragmentos de cerámica o puntas de flecha. Los museos están saturados, lo que provoca aún más retrasos, ya que no se pueden continuar las obras hasta que se determine dónde almacenar los objetos.
Juan Carlos Latorre contó su experiencia una vez que el contratista acumuló “sacos con materiales que, según algunos, tenían algún valor patrimonial”. Posteriormente, el Consejo de Monumentos Nacionales asignó un lugar donde debían ser almacenados. Sin embargo, el museo estaba lleno y no podía recibir más objetos, lo que llevó a que nos pidiera un contenedor o “locker” para guardar los hallazgos, lo que provocó una nueva espera de varios meses hasta encontrar una solución”.
Un negocio
Óscar Acuña, ex secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, fue directo: “El patrimonio se ha transformado en un negocio”.
Dice que la normativa actual establece que todo lo arqueológico es automáticamente considerado monumento y propiedad del Estado, lo que obliga a los titulares de proyectos a asumir los costos de rescate y preservación.
Como ejemplo, mencionó el caso del Hospital del Salvador, donde el hallazgo de fragmentos de tazas arqueológicas paralizó las obras durante cuatro años, afectando gravemente a los pacientes que esperaban la apertura del centro de salud.
En su opinión, muchos hallazgos que paralizan proyectos no tienen un valor arqueológico significativo. Mencionó el caso de un cliente que descubrió una hoja de un diario de Copiapó de los años 50 mientras trabajaba en un proyecto en Atacama. A pesar de que este tipo de hallazgos no tienen un valor patrimonial relevante —pues el diario está disponible en la Biblioteca Nacional—, el proyecto quedó detenido hasta que se decidió cómo proceder.
Emilio de la Cerda, ex subsecretario de Patrimonio Cultural, destacó que el Consejo de Monumentos Nacionales está centralizado en Santiago, lo que genera un embudo administrativo que retrasa aún más los proyectos. Señaló que la actual ley de patrimonio es obsoleta, ya que no está alineada con las necesidades del país.
La actual legislación y su falta de flexibilidad imponen un alto costo social y económico a proyectos clave para el desarrollo del país.
Los expertos explican que no todo hallazgo arqueológico debe ser preservado y que el derecho al patrimonio debe tener un correlato con el derecho al olvido, ya que no es posible conservar todo.
Fuente: Ex Ante
