Gremios y parlamentarios de la macrozona sur afirman que “no es posible desescalar” el estado de excepción
Medida se aplica hace dos años y medio.
El fin de semana se cumplieron 30 meses desde el inicio del estado de excepción decretado por el Presidente Gabriel Boric, en mayo de 2022. Para la senadora por La Araucanía, Carmen Gloria Aravena (Rep), esto ocurrió cuando el Ejecutivo “decidió que era imposible seguir negando lo que ocurre en la macrozona sur”.
Pese a que en los últimos dos años y medio la medida ha permitido reducir de manera importante los hechos de violencia rural, la congresista dice que “aún debemos ser testigos de atentados a trabajadores a plena luz del día, al igual que quemas de maquinaria y viviendas de familias inocentes”. Y por lo mismo, llama a acelerar la discusión de la agenda de seguridad, “para ponerle fin a una medida que debió ser excepcional, pero que la realidad ha demostrado que no es posible desescalar”.
El diputado Miguel Mellado (RN) asegura que el Gobierno “no va a terminar con el estado de excepción” porque la medida “ha sido un espantapájaros que ha permitido disminuir los ataques”, pero que no acabará con las orgánicas radicalizadas, que “hoy atacan sin reivindicación territorial, sino que para reafirmar que el estado de excepción no puede terminar”
Asimismo, para el diputado Miguel Becker (RN) la extensión del estado excepcional “es un ejemplo de que el control de la seguridad y del terrorismo es una tarea pendiente de este Gobierno, al igual que el presupuesto para el Ejército”. Así, el también exalcalde de Temuco llamó a “reconsiderar la inversión en Defensa”, atendido al despliegue permanente de tropas en la macrozona sur.
Tramitación de leyes
La Multigremial de La Araucanía afirma que “a pesar de que el 95% del mandato del Presidente Boric ha sido bajo estado de excepción en la macrozona sur, los habitantes de la zonas rurales de La Araucanía y de la provincia de Arauco todavía no pueden vivir en paz”.
Según el presidente de los gremios productivos de la zona, Patricio Santibáñez, “es necesario que el Gobierno pueda acelerar la tramitación de leyes como la Antiterrorista, que cumplió más de 500 días (en el Congreso), o la Ley de Inteligencia del Estado, que lleva más de 2.200 días”.
Desde la Asociación de Agricultores Unidos advierten que la medida ha atacado una parte del conflicto, sin embargo, no combate la pobreza en la zona. El presidente del gremio, Camilo Guzmán, acusa que se “debe atacar el terrorismo económico”, lo que también implica “generar empleo e inversión para mejorar las condiciones económicas del sector rural”.
Fuente: edición suscripción de El Mercurio
