Condenan a comunidad mapuche y forestal a mayor multa de la historia por destruir bosque nativo
Contratistas Forestales afirmaron que hubo "destruccion de bosque nativo durante 4 años sin que nadie del estado actúe a tiempo". Por más de 20 años, desde que la forestal Golden Spring abandonó sus proyectos en Chiloé, la Comunidad Coihuín de Compu luchó por que se reconocieran sus derechos ancestrales sobre más de diez mil hectáreas.
Hace más de 30 años, en octubre de 1993, la ampliación de un camino rural alertó a las comunidades indígenas de que los lotes A y B del fundo Tepuhueico en Chiloé habían cambiado de propietario. La forestal asiática Golden Spring había comprado 23 mil 891 hectáreas en Quellón por USD$ 4,5 millones y se preparaba para iniciar un proyecto de tala de madera nativa a gran escala.
Tras la presión de las comunidades indígenas y una serie de protestas para resguardar el ecosistema y los derechos de las comunidades ancestrales, Golden Spring renunció a sus proyectos en 1995. Sin embargo, eso no significó que el bosque nativo fuera protegido.
Durante los 20 años siguientes, una de las comunidades indígenas del sector, la Coihuín de Compu, explotó 1.059 hectáreas de las tierras de la forestal Golden Spring, de acuerdo a una sentencia de septiembre pasado del Juzgado de Policía Local de Castro a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile.
En el documento se revela que los dirigentes de la comunidad −a la que Golden Spring había dado permiso para ocupar el terreno de forma pacífica− autorizaron la extracción de aproximadamente 249 mil metros cúbicos de madera nativa, sólo entre 2014 y 2018 ―antes de eso, Conaf no contaba con imágenes satelitales para cuantificar la explotación―.
La tasación de lo comercializado hecha por la corporación fue de $3.741 millones, por lo que se impuso en juicio una sanción correspondiente a ese valor aumentado en cuatro veces: $22.450 millones, la mayor multa de la historia por tala de bosque nativo.
Una faena de 20 años
“La espera para la Comunidad Coihuín de Compu ha terminado. Hemos llegado a acuerdo con los representantes de Golden Spring”, anunció en mayo de 2018 el director nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jorge Retamal. Fueron 4 mil 700 millones de pesos lo que tuvo que pagar Conadi por 10 mil 400 hectáreas de la forestal asiática, que había abandonado los terrenos más de 20 años atrás.
Sin embargo, precisamente en esas mismas tierras, cuatro meses antes, fiscalizadores de Conaf habían comprobado la mayor explotación sin plan de manejo desde la promulgación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal en 2008.
Con imágenes satelitales los fiscalizadores pudieron cuantificar la degradación del bosque. En total, en un área de más de 1.050 hectáreas se habían extraído casi 250 mil metros cúbicos de luma, canelo, coihue, tepú, tineo, tepa, mañío hembra, mañío macho y ciprés de las Guaitecas, especies que además de constituir una parte importante de la biodiversidad de los bosques chilenos ayudan a la regulación del clima, la protección del suelo, la producción de oxígeno y la provisión de recursos naturales.
No fue difícil saber quiénes eran los responsables de la explotación. Los fiscalizadores simplemente tuvieron que acudir durante el día a los terrenos de Golden Spring y preguntarle a quienes cortaban madera a plena luz; la respuesta fue siempre la misma: habían sido autorizados por los dirigentes de la Comunidad Coihuín de Compu.
El cacique reconoce la tala
La misma comunidad indígena que estaba reclamando sus derechos ancestrales sobre las tierras y que se les entregara la propiedad había estado explotando la madera después de que los terrenos fueran abandonados por Golden Spring, tal como reconoció el cacique Américo Lincomán Llaitureo a la Policía de Investigaciones (PDI).
“Tenemos a un jefe de tierras y además la directiva controla a través de asignación de terreno para explotar, controlando la corta para evitar la tala rasa. No todos los miembros de la comunidad explotan el bosque; en la actualidad son alrededor de 40 los que tienen como único sustento esa actividad“, explicó Lincomán.
En su declaración, el cacique Lincomán aseguró también que por ese entonces se les empezaría a cobrar entre “500 y 5 mil pesos” mensualmente a quienes cortaran leña, pero en realidad la tasa habría sido mucho más alta por la tala. Un fiscalizador de Conaf aseguró que, por lo que él sabía, en realidad quienes extraían madera pagaban entre $100 mil y $300 mil por hectárea.
Los planes de manejo
En su declaración, el cacique Américo Lincomán intentó defender la gestión que estaban haciendo del bosque, diciendo que en realidad lo único que hacían en las tierras sin plan de manejo era quitar madera seca.
“En la quema hemos hecho un trabajo tremendo, hemos limpiado la madera muerta. Los de Conaf están asombrados, viene un renoval con fuerza, todavía falta limpieza”, aseveró.
Pero el análisis de Conaf era claro: sólo 60.680 metros cúbicos de madera habían sido extraídos de zonas afectadas por incendios, mientras que 188.772 metros cúbicos fueron talados desde bosque virgen.
Tras ser extraída, la madera era procesada en los aserraderos de Miguel Velásquez y Roberto Muñoz, ubicados en Compu, y en el de Renato Andrade, ubicado en Púlpito, de acuerdo a la denuncia de 2017 del presidente de la Comunidad Indígena Williche Natri Bajo-Molulco, uno de los vecinos del sector explotado. De ellos, sólo Miguel Velásquez pertenecía a la Comunidad Coihuín de Compu, de más de 1.800 personas, aunque negó haber tenido participación en los hechos.
La ausencia de plan de manejo para llevar a cabo estas actividades era conocida por Golden Spring, que en el periodo investigado aún era dueña del terreno, e incluso había hecho un pacto para que la comunidad pudiera usufructuar de los terrenos, lo que fue confirmado por Juan Cristobal Recart, representante de la empresa: “(La forestal) ha permitido la ocupación tranquila y pacífica de los terrenos de esta sociedad, pero en ningún caso ha permitido la ocupación y menos aún el talaje de árboles a terceros distintos a la comunidad”, afirmó Recart en el proceso judicial.
En base a esta declaración de Recart, la jueza de policía local de Castro María Barrientos interpretó que la compañía había visado la explotación del bosque, lo cual no está dentro de sus facultades como dueña, puesto que cualquier tala de bosque nativo debe ser autorizada por Conaf.
Una multa histórica
La multa de $22 mil millones es la mayor de la historia por tala ilegal de bosque nativo. Para ponerlo en perspectiva: en todo 2023, la Conaf en la región de Los Lagos propuso alrededor de 300 multas por un total de 28 mil millones de pesos, de acuerdo a su director Miguel Leiva Faúndez. “Somos la región que más denuncias recibe, entre 450 y 500 el año pasado”, afirma Leiva en conversación con BBCL Investiga.
Respecto a la posibilidad de que funcionarios de Conaf hayan sabido de la explotación que por más de 20 años habría llevado a cabo la comunidad, Leiva dijo que no tenía antecedentes de que se hubiera hecho alguna investigación interna.
Así las cosas, el fallo determina que la multa debe ser pagada en forma solidaria por la Comunidad Coihuín de Compu y Golden Spring. Es decir, de manera conjunta.
La Unidad de Investigación de BioBioChile intentó conversar con el cacique actual de la comunidad, Pablo Inaicheo, quien declinó una entrevista. Por otra parte, no fue posible comunicarse con Juan Cristóbal Recart, quien es identificado en la causa como representante de la forestal Golden Spring, pues se encontraría fuera del país.
La comunidad ya fue notificada y no ha presentada apelación alguna a la determinación de primera instancia emitida por el Juzgado de Policía Local de Castro.
Fuente: BiobioChile.cl
