Acoforag y Ley Antiterrorista: “hay que estar conscientes de que no por una ley el terrorismo se va a acabar”
Gremios de la macrozona sur analizan alcances de la nueva norma. También advierten otros elementos que pueden perfeccionarse en el futuro y la necesidad de voluntad politica de las autoridades para invocar esta norma a la hora de perseguir hechos de violencia.
Para la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), el principal avance de la Ley Antiterrorista es que “ya no se necesita probar que el terrorista quiere causar terror al cometer alguna acción y, sin duda, que esto facilita la utilización de esta herramienta legal, porque incorpora técnicas que son más intrusivas y permiten mejorar las pruebas”.
En esa dirección, el gerente del gremio, René Muñoz, manifiesta que “ese concepto es muy importante y la nueva ley penaliza la acción terrorista de personas naturales o de grupos criminales, incorporando nuevas técnicas investigativas”.
“No por una ley el terrorismo se va a acabar”
Además, resalta que se haya incluido en el articulado a quienes han sido blanco de la violencia y tenido pérdidas fatales, menoscabo físico o destrucción de bienes materiales. “Es un logro (...), porque así se avanza hacia la justicia”, enfatiza.
Muñoz advierte que “hay que estar conscientes de que no por una ley el terrorismo se va a acabar y menos si no hay voluntad política de calificar como grupos terroristas a las organizaciones que operan en la macrozona sur”. Asegura que “para dar seguridad a los territorios hay que partir por reconocer la presencia del terrorismo, con lo que además se da un impulso a la fiscalía para aplicar la nueva ley”.
Incentivos
La presencia de incentivos que permitirán usarla en las causas que investiga el Ministerio Público y la incorporación, por primera vez en una ley, de una reparación a víctimas de la violencia, son aspectos que el excoordinador de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, destaca de la nueva legislación antiterrorista, despachada esta semana por el Congreso.
A su vez, los gremios de la macrozona sur coinciden en valorar que la norma haya considerado compensaciones a los afectados y no solo las sanciones a quienes cometen las acciones de fuerza. También plantean como desafío que los delitos de incendio contra propiedades y bienes puedan ser calificados como terroristas.
Urquizar sostiene que la nueva ley “tiene varios efectos concretos respecto de la macrozona sur”, entre ellos la posibilidad de hacer excepciones a la regla de competencia de los tribunales y que delitos cometidos en la “zona roja” puedan ser vistos en tribunales de Santiago.
Además, explica que desde el punto de vista preventivo se establece la obligación de una estrategia integral, y no solo persecutoria, para “enfrentar el terrorismo en Chile”. Sobre ese aspecto, argumenta que “se deben abordar los distintos elementos que conforman el delito terrorista y, en ese sentido, es un avance sustantivo para lograr la anhelada paz que se requiere en la macrozona sur”.
Para el excoordinador, otro aspecto relevante es que “se obliga a que el Estado elabore una propuesta para la reparación de víctimas”, pues "es primera vez que un instrumento legal permanente, y que no sea la Ley de Presupuesto, aborda el tema”.
Sin embargo, también considera que hay aspectos a perfeccionar en el futuro. Por ejemplo, ampliar las finalidades del delito terrorista, “incorporando la grave alteración del orden público o la grave alteración de la paz pública”, en el mismo sentido que en el Código Penal de España.
Asimismo, plantea “asimilar los delitos que tendrán el carácter terrorista entre la organización terrorista y el lobo solitario” e “incorporar todos los delitos de incendio que hoy están presentes como delito terrorista en la actual ley sobre la materia”.
Para el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, la aprobación de la ley es “un positivo avance para el país y, especialmente, para la macrozona sur”. No obstante, expone que muchos de los asentados incendiarios sobre maquinarias, camiones y construcciones no calificarían como delitos terroristas y, por lo tanto, no son investigados como tales a menos que se pruebe que hay una organización terrorista ejecutándolos. Así, teme que “como es difícil probar esa participación, muchos casos van a ser investigados como delitos de incendio común (...) hubiéramos deseado un avance más decidido respecto del principal delito de violencia que tenemos”.
Según el titular de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Naveillán, “lo más relevante es que cualquier persona que haya realizado un acto terrorista, sea grupal o individual, va a ser perseguida, detenida y juzgada”. También valora que se entreguen a las policías más y mejores herramientas para investigar y resalta la obligación para que el Estado formule una política de reparación: “Siempre la legislación antiterrorista se refería a quienes cometían estas acciones, pero no hablaba de las víctimas; por tanto, la consideramos una buena ley”.
Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones manifestaron sus expectativas de que esta ley “signifique una disminución de los ataques a camiones y que también haya justicia para las víctimas”.
Fuente: El Mercurio
