Propuesta de Millabur y Callupe enfatiza que demanda mapuche es de 385.860 hectáreas de vocación agrícola
Según el gobernador de la Región del Biobío, Rodrigo Díaz, el “numero no cuadra” para ser una propuesta que pueda ser viable. La Comisión Presidencial para la v Paz y el Entendimiento tiene plazo hasta el 31 de enero:
Tras la solicitud de una prórroga al Ejecutivo los ocho integrantes de la comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento tendrán hasta el 31 de enero para entregar al Presidente de la República, Gabriel Boric, un informe final que propondrá soluciones al histórico conflicto indígena con el Estado.
En este contexto, el exconvencional constitucional e integrante de la comisión, Adolfo Millabur, presentó, junto a Gloria Callupe, una propuesta que desde la comisión hay quienes consideran un tanto “compleja”, sobre todo porque algunos de los planteamientos según entendidos en la materia, se asemejan a demandas del primer texto constitucional, que se rechazó por amplio margen en las comunas con mayor porcentaje de población indígena.
“Se están discutiendo todos los textos y analizando uno por uno”, afirman desde la instancia que comenzó su trabajo hace más de un año, sesionando los jueves en La Moneda.
Restitución territorial
En el segundo capítulo de un texto de 41 páginas se habla sobre “Tierras y Territorios” y la forma en que podría llevarse a cabo una restitución de tierras.
“La reparación debe ser al Pueblo Mapuche, en función de la pérdida histórica que este sufrió de su territorio. Así, de las 12.267.000 hectáreas que representan las 4 regiones, y por ende el territorio mapuche o Ngulumapu, se debe evaluar, cuánto de esa superficie es posible restituir, descontando de ello las ciudades, caminos, pequeña propiedad particular”, dice el texto y añade: “La actual demanda mapuche institucionalizada se resume en el siguiente cuadro: en el que 1.552 comunidades que representan a 45.437 familias de las cuatro regiones, requieren de 385.860 ha de vocación agrícola. Para evitar un aumento en el costo de esta reparación, las medidas deben ser a corto y mediano plazo”.
Se especifica también que “sin perjuicio de lo señalado, se debe tener en consideración que actualmente existen 4.315 comunidades, de las que sabemos existen 1.552 que han institucionalizado su demanda. En consecuencia, existe un universo de más de 2.000 comunidades que representan una demanda potencial de tierras”.
En otro apartado sobre el mismo tema se propone: “Se adjudicará un mínimo de 12 hectáreas agrícolas por familia. Tratándose de tierras forestales deberá adjudicar un mínimo de 30 hectáreas por familia”.
Consultado por la propuesta de Millabur, el gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, afirma que lo principal en la discusión de la comisión es que “debe primar un criterio de realismo para construir una propuesta que sea viable. Hay lugares que hoy son ciudades y claramente si uno conjuga la disponibilidad económica y física del territorio, ese número no cuadra por ninguna vista”.
Desde la comisión el exministro Alfredo Moreno asegura que se estudian con dedicación las propuestas sobre la mesa para entregar un informe final que sea viable. En este sentido, afirma que “el tema de la restitución de tierras es muy importante en la discusión, pero naturalmente el Estado no dispone de todas esas tierras y hay que buscar una solución equilibrada y que no cree el problema a otras personas”.
Instituciones propias
“Reconocer por vía jurídica las instituciones propias y las formas de organización tradicional mapuche” es otra de las propuestas que incluye el documento. Se explica que “en esta línea se garantizará el derecho a la autogobernanza mapuche respecto de sus instituciones, prácticas y autoridades ancestrales. Además, en función de ello, se debe establecer la libertad del Pueblo Mapuche para postular a las alternativas de reparación, utilizando las formas de organización que estime más convenientes”.
El diputado por la Región de La Araucanía Jorge Rathgeb afirma que la idea es “impracticable de la normativa que hoy nos rige, porque cualquier persona se podría autoidentificar como perteneciente a un pueblo originario (dado el nivel de mestizaje), porque es muy difícil hacer la distinción de quién es o no mapuche. Ese problema ya lo tenemos en la Ley Indigena y con esta idea esto aumentaría aún más”.
Indulto a personas condenadas en el contexto de reivindicaciones territoriales
Otra de las ideas contenidas en la propuesta emanada por Millabur y Callupe es que “todas aquellas personas condenadas en el contexto de reivindicaciones territoriales, y que no se encuentren involucradas en delitos de sangre, que atenten contra la integridad contra las personas, o se trate de delitos comunes, podrán recibir un indulto particular por parte del Presidente o del Congreso”.
Frente a esto, el gobernador Díaz, de Biobío, plantea que una idea de este tipo tiene que tener en consideración a todas las víctimas: “Cualquier propuesta que se quiera hacer tiene que englobar a la totalidad de las víctimas, es decir, mapuches y no mapuches. Hay otros delitos que no son de sangre, por ejemplo, todos aquellos vinculados a las drogas y no son viables de ser indultados”, comenta el gobernador Díaz.
Fuente: El Mercurio
