Biobío: Tres comunas han aprobado sus planes de emergencia y de riesgos
- El director de Senapred explicó que este año sí hay recursos para apoyar la gestión municipal en la creación y actualización de estos planes.
Curanilahue, Santa Juana y Tomé son las tres comunas de la Región del Biobío que tienen aprobados sus planes comunales de emergencia y de reducción del riesgo de desastre.
Se trata de instrumentos que desde el año pasado son obligatorios para cada municipio como parte del plan nacional que busca estandarizarla detección de riesgos y acciones estratégicas que los disminuyan a nivel local.
El director regional de Senapred, Alejandro Sandoval, explicó que varios municipios ya contaban con sus planes previo a la publicación de la ley en2021.
En detalle 29 de las 33 comunas del Biobío tenían un Plan Comunal de Emergencia (PCE), mientras que sólo 5 tenían Planes Comunales de Reducción del Riesgo de Desastre (PCRRD); sin embargo, a casi tres años de la puesta en marcha de la legislación Lota, Hualqui, Hualpén, Chiguayante, Yumbel, Contulmo, San Rosendo, Quilaco, Tucapel y Arauco aún no ingresan ninguno.
REVISIÓN DE SENAPRED
“Haciendo un balance, a nivel regional, tenemos un 33% de documentos en revisión en segunda o tercera entrada, pero en camino a tener listos los Planes de Emergencia y en los de Reducción de Riesgo de Desastre un 60%”, comentó Sandoval sobre el avance de los planes en Biobío.
Al miércoles 29 de mayo Los Álamos, Mulchén, Nacimiento, Penco y Talcahuano tenían al menos uno de los dos documentos con su recomendación técnica aprobada por Senapred. Cañete, Lebu, Alto Biobío, Cabrero, Los Ángeles, Negrete, Talcahuano y Concepción figuraban con al menos uno de los instrumentos en revisión.
Por otra parte, comunas como San Pedro de la Paz, Coronel, Florida, Santa Bárbara, Quilleco, Laja, Antuco, Alto Biobío y Tirúa ya ingresaron al menos uno de sus instrumentos, pero no recibieron su recomendación técnica, por lo que fueron devueltos con indicaciones a los municipios para corregirlos volver a ser analizados. De esta forma,3 comunas de la región ya tienen sus dos planes aprobados; 5 comunas tienen al menos un instrumento aprobado; otros 15 municipios ya han pasado por algún proceso de revisión y 10 no han ingresado ningún documento a Senapred.
PLANES COMUNALES
Cabe recordar que el Plan de Emergencia busca levantar los riesgos, los recursos disponibles, coordinar respuestas de emergencia, así como determinar roles y funciones de los distintos integrantes del sistema de prevención y respuesta, lo cual se espera que sea evaluado cada dos años.
Por otra parte, el plan de Reducción del Riesgo, que se plantea con una duración de 5 años, es un instrumento en el que el municipio evalúa el riesgo comunal, las distintas amenazas y busca generar acciones estratégicas que disminuyan y eviten generar nuevos riesgos a nivel local.
Para Sandoval, algunas comunas que se encuentran en situación crítica en este proceso de elaboración son Quilaco, San Rosendo y Tucapel, ya que se trata de municipios pequeños que no cuentan con unidad de gestión del riesgo ni personas contratadas para esta temática y que. si bien tienen planes de emergencias previos en algunos casos, la prevención no ha sido tomada con fuerza como se esperaba. No obstante, aseguró que pese a contextos de este tipo, comunas como Curanilahue, Alto Biobío, entre otras, han realizado un buen trabajo avanzando con el proceso.
PRACTICAR LOS PLANES
Sandoval enfatizó que el trabajo de los municipios no finaliza con la elaboración de estos planes, ya que “estos instrumentos por sí solos solucionan el problema, porque uno puede escribir muchas cosas y no hacerlas. Todos los municipios siempre han actuado, pero el plan toma todas las acciones y coordinaciones, las sistematiza e ingresa en un documento estandarizado que permite hacer seguimiento y profesionalizar el trabajo”.
Es por esto, que al resultar la aprobación técnica de los planes, Senapred le envía a los municipios una guía práctica sobre el trabajo posterior, que tiene relación con poner en práctica el instrumento, colocarlo a disposición de la comunidad, actualizarlo y sobre todo realizar simulacros para evidenciar que lo dispuesto en el papel funciona y puede ser ejecutado en un contexto de eventual emergencia, ya sea a nivel de sectores, localidades, etc.
Fuente, edición suscripción diario El Sur
