Instan a que Gobierno asuma rol activo y pida diligencias en investigaciones a Temucuicuil

Instan a que Gobierno asuma rol activo y pida diligencias en investigaciones a Temucuicuil

  • Voces de La Araucanía recalcan que, en su calidad de querellante, el Ejecutivo puede activar las causas mediante distintas leyes y procedimientos. 

Por atentados incendiarios, ataques armados, homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto de madera, robo con violencia de vehículos, entre otros delitos, son investigados, según causas abiertas por el Ministerio Público, tanto miembros de la comunidad mapuche de Temucuicui (Ercilla) como del grupo Resistencia Mapuche Malleco (RMM), que es sindicado como el brazo armado de la organización indígena. Entre los imputados está su vocero, Jorge Huenchullán, prófugo de la justicia desde agosto de 2021. 

Al rechazar el ingreso de funcionarios públicos a su zona, los dos últimos censos de población encontraron inmediatos obstáculos para encuestar a sus habitantes, pese a que tanto el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, como el delegado presidencial en La Araucanía, José Montalva, aseguran que el de este año se ha llevado a cabo, al menos, parcialmente. 

El lunes 1 de julio, en un atentado a la línea férrea en Ercilla, adjudicado por la RMM, se encontró un lienzo con amenazas a la jefa de gabinete, en el que se leía: “Ministra (Carolina) Tohá: sin tierras no habrá paz y tus anuncios de progreso serán en vano”, aludiendo al Plan Ercilla, que contempla $32 mil millones de inversión pública. Luego de ese ataque, el Ejecutivo anunció una querella. 

Conocida esta decisión, voces de La Araucanía coinciden en instar a que el Ejecutivo “tenga un papel activo”, ya que al hacerse parte de las investigaciones “puede solicitar diligencias”, entre las que mencionan procedimientos intrusivos como eventuales allanamientos. 

Sugieren usar drones 

Para el abogado Carlos Llancaqueo, presidente de la Fundación Intercultural Aitué, el Gobierno “podría solicitar muchas diligencias, que van desde los controles preventivos de acceso a la comunidad e interceptaciones telefónicas, hasta patrullajes aéreos con drones para determinar los movimientos que se producen en su interior”. 

Agrega que en casos como el ataque a la vía férrea, “por tratarse de infraestructura crítica, el Gobierno podría apelar a la Ley de Seguridad del Estado, que otorga más facultades para la investigación y más herramientas”. También considera que los intervinientes podrían pedir la designación de un fiscal preferente para Temucuicui. 

El exgobernador de Cautín y director del Centro de Política Indígena Rakizuam, Richard Caifal, sostiene que si bien “hace mucho tiempo que no se aplica la Ley Antiterrorista, no debiera descartarse su utilización para desarticular a los grupos vinculados a Temucuicui”, ya que “otorga otras acciones procesales”, y argumenta que “en esa comunidad no hay imperio del derecho”. Advierte que “un allanamiento siempre es una opción dentro de las medidas intrusivas, pero el Gobierno carece de convicción incluso para calificar a quienes cometen atentados” y que “si se reconociera que el terrorismo está instalado en esa zona, sería un gatillante para movilizar personal policial”. 

El diputado Miguel Mellado (RN) indica que “en las causas en que el Gobierno es querellante puede pedir diligencias como la orden de entrada y registro. Pensando en el ataque al tren, adjudicado por la RMM, que todo el mundo sabe que está alojada en Temucuicui, las policías deben ir a buscar armas y explosivos, y determinar trazabilidad”. 

A juicio del legislador, “también se deben investigar los dineros del Estado que está recibiendo Temucuicui, a través de subsidios, tanto del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (Indap) como de programas de empleo”. 

El viernes pasado, al abordar la reiterada negativa de esa comunidad para censarse, el delegado presidencial Montalva aludió a la contradicción que implica recibir fondos públicos: “Alguien puede no querer el Estado, pero cuando recibe ayudas en caminos, ayudas en subsidios, apoyo de Indap, ahí si nos gusta el Estado”. 

En esa dirección, Mellado envió un oficio a la ministra Tohá para que detalle los alcances del denominado Plan Ercilla, que inyectará recursos a la comuna donde radica Temucuicui. “Si el Estado va a contratar a personas de Temucuicui para proyectos públicos, que estas, al menos, aporten información para aclarar delitos que ocurren en su interior”, sostiene.

Fuente: edición suscripción de digital.mercurio.com

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