Subsecretaría de Previsión y Social responde a contratistas: “Las empresas deben Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de la violencia externa”
- Quienes prestan servicios a las faenas de bosques dicen que no les corresponde hacerse cargo de la seguridad en zonas afectadas por la recurrencia de atentados incendiarios.
“Aunque la seguridad pública es responsabilidad del Estado, las empresas deben tomar acciones preventivas y de mitigación de riesgos dentro del marco de sus competencias, siempre en coordinación con las normativas laborales vigentes”, respondieron desde la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo, a las declaraciones del gremio de los Contratistas Forestales, publicadas por “El Mercurio” en la edición del viernes pasado.
En ellas, el presidente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), René Muñoz, expuso sus críticas a la reciente publicación del decreto número 2 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que aborda la Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo (PNSST). Esta tendrá una vigencia hasta 2028 y desarrolla los compromisos contenidos en el Convenio 187 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto a materias de resguardo de la seguridad y la salud de los trabajadores en sus tareas.
A juicio de ese gremio, la norma hace que las empresas sean responsables de enfrentar las situaciones de inseguridad que, afirman, son tareas estatales.
Sobre ese punto, Muñoz dijo que ese enfoque “preocupa” porque los problemas externos corresponden a la seguridad pública y su resguardo “es una tarea del Estado” y que no puede ser desviada al sector privado “porque no es su misión ni su especialidad”.
Siempre en su respuesta a la nota, desde la subsecretaría enfatizan que “el artículo 184 del Código del Trabajo, establece que las empresas deben cumplir con su deber de protección, adoptando medidas efectivas para mitigar los riesgos de violencia externa que puedan afectar a sus trabajadores”. Sin embargo, aseguran que “en ninguna instancia se ha planteado que el fenómeno de la violencia rural, como tema de seguridad pública, sea de responsabilidad de las empresas”.
Desde la repartición estatal afirman que “esto no significa que las empresas estén exentas de su responsabilidad de proteger a sus trabajadores”.
Reclamación ante OIT
En octubre de 2022, y luego de un recrudecimiento de los ataques contra las faenas de bosques, los contratistas denunciaron al Estado chileno ante la OIT por un supuesto incumplimiento del Convenio 187, dado los casi 500 atentados que se han registrado en una década en Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Luego que la OIT considerara admisible la presentación pidió al Gobierno chileno detallar las acciones que realizaba para enfrentar la violencia y se inició un proceso de conciliación. Este se desarrolló, con una periodicidad mensual en la sede en Chile de la OIT, desde julio de 2023 y hasta diciembre de ese año, con representantes de los ministerios del Trabajo y del Interior y Seguridad Pública y de la Acoforag.
Al respecto, el representante del gremio de contratistas recalcó que la reclamación sectorial siempre ha sido que el Estado debe incluir en su Política Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo “el concepto de seguridad pública”, pero en el decreto del Ministerio del Trabajo, “se responsabiliza a las empresas que participan en el rubro forestal, de transportes y otros de preocuparse de la violencia externa que afecte los lugares de trabajo”.
Al respecto, desde la subsecretaría exponen que “la seguridad pública, en efecto, es una responsabilidad del Estado” y confirman que “el Ministerio del Interior ha estado presente en las mesas de diálogo para informar sobre las medidas de seguridad adoptadas”.
“Riesgos conocidos”
De igual manera, insisten que ello “no exime a las empresas de su deber de protección, de acuerdo con la legislación laboral vigente, en particular frente a riesgos conocidos y previsibles que pueden afectar a los trabajadores”.
En esa dirección, desde la repartición manifiestan que el ministerio ofreció “a este gremio un acompañamiento técnico, junto con las empresas mandantes y los trabajadores del sector”.
Protocolos de seguridad
Al preguntársele cómo deben enfrentar las empresas la seguridad laboral ante atentados incendiarios y ataques armados, desde la entidad contestaron que “la seguridad laboral, en contextos de violencia externa. como en la macrozona sur, debe ser enfrentada conforme a la obligación de las empresas de proteger a sus trabajadores” y agrega que “esto incluye medidas como la creación de protocolos de seguridad y la capacitación en procedimientos de emergencia”, pero reiteran que “la seguridad pública, incluyendo la prevención de ataques armados y atentados, es una función estatal”.
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