Contratistas Forestales exigen al Estado mayor control de la violencia externa
- La Asociación de Contratistas Forestales AG reclama al gobierno su responsabilidad en la prevención y control de la violencia que afecta al sector, diferenciando las obligaciones empresariales de las estatales.
El día 27 de septiembre fue publicada en un medio escrito de difusión nacional la posición de la Asociación de Contratistas Forestales AG respecto de la violencia externa de la que sufrimos hace 27 años, en la que expresamos que es el Estado el responsable y quien debe hacerse cargo de su prevención y control.
Esta definición la hemos tomado debido a que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social decidió incluir en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe regir para el período 2024 – 2028, que las entidades empleadoras deberán: “Adoptar medidas efectivas para reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia externa que afecte a los lugares de trabajo, especialmente en actividades productivas altamente expuestas como el rubro forestal, transporte y servicios”.
El día 29 de septiembre y en el mismo medio, desde la Subsecretaría de Previsión Social del Ministerio del Trabajo reafirmaron esa postura. “… el artículo 184 del Código del Trabajo, establece que las empresas deben cumplir con su deber de protección, adoptando medidas efectivas para mitigar los riesgos de violencia externa que puedan afectar a sus trabajadores”.
Dado lo anterior, desde la Asociación de Contratistas Forestales AG queremos exponer lo siguiente:
1.- El gobierno confunde la obligación de los empresarios en temas de violencia laboral en el trabajo y las obligaciones laborales que emanan del artículo 184 del Código del Trabajo, con la responsabilidad del Estado en la prevención y persecución de la seguridad externa, la delincuencia y el terrorismo.
2.- No se le puede exigir a ninguna empresa del país la responsabilidad en el control de la seguridad externa y el orden público. Es el Estado, en virtud de lo establecido por diferentes convenios internacionales y la propia Constitución Política vigente, el que, a través del Ministerio del Interior, tiene el deber de combatir, resguardar y garantizar el orden público y la seguridad interna del país.
3.- Le solicitamos a este gobierno hacerse cargo de su verdadera obligación, que es la seguridad y la lucha contra la delincuencia y el terrorismo y, lo más importante, cumplir con su obligación de respetar y hacer respetar el Estado de Derecho.