"Fue mandatado por la ley": Marcel se defiende ante críticas por recorte presupuestario al Ministerio Público
Mientras que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expresó su preocupación por la reducción de recursos al Ministerio Público. La medida, explicó la autoridad, afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado.
El ministro de Hacienda, Mario Marcel, enfrentó las críticas al recorte de $7.064 millones al presupuesto del Ministerio Público, enmarcado en la disminución del gasto en $544 mil millones para este año, que fue parte de un acuerdo político para aprobar la ley de Presupuestos 2025.
"El ajuste de gasto del cual forma parte el Ministerio Público -explicó el ministro- fue mandatado por la ley. No es una tema que haya sido de elección o respecto del cual el Ejecutivo tuviera un margen de flexibilidad".
"En la ley se estableció en una glosa en el tesoro público, que debía efectuarse este recorte, a más tardar a los 10 días de entrada en vigencia de la ley, que tenía que aplicarse como reducciones parejas en los subtítulos presupuestarios", agregó, en la misma línea.
En medio de ello, el titular de la cartera fue consultado por la pertinencia de la rebaja en ese presupuesto, dado los problemas de delincuencia que enfrenta el país.
Con respecto a eso, señaló que en la rebaja "se exceptuó a un conjunto de instituciones, entre ellas, dentro del ámbito de la seguridad, estaban las policías de Carabineros, de investigaciones y Gendarmería de Chile".
El jefe de Teatinos 120 especificó, asimismo, que "la ejecución presupuestaria tiene márgenes de flexibilidad durante el año. Y, por lo tanto, se permite ir absorbiendo situaciones que se puedan producir en alguna institución, en este caso el Ministerio Público".
"La señal que se está dando es que simplemente se está cumpliendo la ley", replico también Marcel, al verse consultado por lo que transmitía el Gobierno con el recorte al Ministerio Público.
Cabe destacar que desde el Parlamento han surgido una serie de críticas por este recorte, pese a que esto fue aprobado por los congresistas. "El hecho de que se le estén quitando recursos a aquellas dependencias que tienen que ver con crimen organizado, me parece extremadamente grave, porque el crimen organizado es lo que hoy día le está marcando el ritmo al Estado de Chile, por encima del Gobierno, al Estado de Chile", dijo, por ejemplo, el senador Iván Flores.
José Miguel Durana (UDI) -también senador- advirtió, por su parte, que "es lamentable que el Gobierno haya decidido que parte del recorte presupuestario de 7 mil millones de pesos afecte a la Fiscalía, especialmente en un contexto de crisis de seguridad como el que enfrenta Chile".
FISCAL NACIONAL
Mientras que el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, expresó su preocupación por la reducción de recursos al Ministerio Público. La medida, explicó la autoridad, afecta directamente las capacidades de investigación, especialmente en casos relacionados con el crimen organizado.
“Es difícil entender por qué el Ministerio Público queda excluido de los criterios de protección presupuestaria que se aplican a las policías. El presupuesto de la fiscalía representa solo el 0,3% del gasto fiscal total, una cifra mínima que no afecta significativamente las finanzas del Estado, pero sí impacta nuestras operaciones”, afirmó Valencia desde la sede del ex Congreso Nacional, en Santiago.
El titular del Ministerio Público advirtió que el recorte compromete investigaciones de alta complejidad, como aquellas relacionadas con carteles de droga internacionales. “La semana pasada dirigimos una investigación contra miembros del cartel Jalisco Nueva Generación. Esa operación, que contó con apoyo de Carabineros, fue liderada por un fiscal del Ministerio Público. Sin recursos adecuados, ese tipo de operativos será mucho más difícil de realizar”, indicó.
Además, el Fiscal Nacional explicó que el ajuste presupuestario afecta la posibilidad de contratar abogados honorarios para apoyar investigaciones y de financiar peritajes externos esenciales para garantizar la transparencia de los casos.
“Si este recorte hubiera ocurrido el año pasado, no habríamos podido financiar peritajes tan relevantes como el del avión Hércules caído en Magallanes. Necesitábamos un peritaje independiente porque el único disponible era el de la FaCh, propietaria del avión siniestrado”, detalló.
El fiscal enfatizó que la reducción presupuestaria limita la capacidad de la institución para combatir delitos graves. “El recorte es muy significativo y afecta directamente la operación de la fiscalía. Es necesario proteger nuestro presupuesto para continuar con las investigaciones complejas que requieren un margen de gestión amplio”, dijo Valencia.
Respecto a la decisión del Ejecutivo, el Fiscal Nacional fue categórico: “Son las autoridades que toman estas decisiones las que deben explicar el porqué del recorte. Pero lo que está claro es que esto impacta de manera directa en la persecución del crimen organizado”.
