Recorte a la fiscalía: congresistas emplazan a Marcel y Valencia asistirá a comisión de Seguridad Ciudadana
Generó gran revuelo en el Congreso la noticia de que el Gobierno, como parte de un ajuste global de $544 mil millones comprometido en la Ley de Presupuestos, decidiera rebajar $7 mil millones el erario correspondiente al Ministerio Público, organismo que juega un rol clave en el combate al crimen organizado.
El recorte, dado a conocer por “El Mercurio”, surge de un acuerdo suscrito en el marco de la comisión mixta de Presupuestos, el cual fue celebrado por los senadores Ricardo Lagos (PPD), Juan Antonio Coloma (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Rodrigo Galilea (RN).
En la instancia se determinó que no se rebajará el presupuesto a ciertas áreas, como en Salud, Educación, Carabineros y Gendarmería; sin embargo, no incluyó al Ministerio Público.
Aquello genera preocupación en los parlamentarios de las comisiones de Seguridad tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, razón por la que buscarán citar a las diferentes autoridades a dar explicaciones y, en lo posible, revertir la medida.
La presidenta de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara, Gloria Naveillán (Ind.), menciona que será un tópico a tratar hoy en la sesión, dado que asistirá el fiscal nacional, Ángel Valencia: “Lo primero que tenemos que hacer es escuchar al afectado, que es el Ministerio Público. A su vez, tiene que ser escuchado el ministro de Hacienda (Mario Marcel)”.
"Aparentemente ellos respetaron lo que estaba establecido en el protocolo con la subcomisión de presupuesto, en términos de no tocar el presupuesto de …
Agrega que el Ministerio Público tiene la labor de perseguir el crimen organizado y la corrupción por lo que considera que “no entender que ese presupuesto no se puede tocar para que ellos puedan hacer su trabajo es, francamente, no entender nada”,.
Mientras que la comisión de Hacienda de la Cámara recibirá aMarcel, y a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez. El presidente de la instancia, el diputado Carlos Bianchi (ind.), comenta que si bien la citación tiene relación con otro tema, “esto afecta de manera gravísima todo el trabajo y el seguimiento que la fiscalía está llevando a cabo y yo me sumo a exigir al ministro de Hacienda que se busquen otras formas de recaudar dinero que no sea el restarle esta cantidad muy significativa”.
En tanto, el presidente de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Iván Flores (DC), dice: “Sin ninguna duda que vamos a convocar al ministro de Hacienda, a la subsecretaria (de Hacienda) o a la directora de Presupuestos para que nos expliquen qué diablos fue lo que pasó aquí. Porque entendemos que es parte del acuerdo de poder viabilizar la Ley de Presupuestos por la exigencia que hubo por parte de la derecha”.
Y continúa, “pero ojo, nadie esperaba que esas rebajas fueran en aquellas partidas que son críticas para el Ministerio Público, así como otras que tienen que ver con otras instituciones que deben cuidar al Estado y a la comunidad”.
Congresistas piden reconsiderar reducción
Transversalmente ayer surgieron críticas de congresistas por la medida implementada; pese a haber sido un acuerdo.
Con todo, el presidente del PPD e integrante de la comisión de Seguridad Pública del Senado, Jaime Quintana, dice: “Uno sabe dónde comienzan los recortes en materia presupuestaria, pero nunca dónde terminan. Quien primero exigió recortes generales fue la oposición al poco andar de la discusión presupuestaria. Yo espero que esta reducción al Ministerio Público pueda ser reconsiderada o podría tener impactos en los objetivos de seguridad”.
Raúl Leiva (PS), diputado integrante de la comisión de Seguridad Ciudadana, menciona que entendiendo el acuerdo arribado en la comisión mixta, y entendiendo que se excluyeron organismos como Carabineros, “debiese extenderse a todos quienes participan de la persecución criminal, incluidos, por cierto, el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública, Tribunales de Justicia con competencia criminal y el Servicio Médico Legal, según corresponda”.
Y el senador UDI e integrante de la comisión de Seguridad Pública, José Miguel Durana, dice que “esta decisión compromete la capacidad operativa del Ministerio Público, la seguridad de sus profesionales, así como el acceso a equipamiento y tecnología necesarios para investigar delitos complejos relacionados con el crimen organizado”. Y remarca: “Este tipo de medidas no solo afecta la seguridad pública, sino que también genera desconfianza en la ciudadanía respecto al manejo de los recursos del Estado”.
Fuente: El Mercurio
