Incendios y justicia: Baja tasa de condenas preocupa en regiones más afectadas
Un reciente informe obtenido a través de la Ley de Transparencia por parte de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag) revela que, entre 2017 y 2023, la Fiscalía presentó miles de querellas por delitos de incendio y uso ilícito de fuego en distintas regiones del país.
Sin embargo, los datos evidencian una alarmante realidad: menos del 2% de los casos terminan en condena, lo que genera preocupación sobre la efectividad del sistema judicial en estos delitos.
Alta cantidad de querellas y escasas condenas
El análisis detalla que La Araucanía lidera en número de querellas con 4.059, seguida por Los Ríos (2.512), Los Lagos (318) y Biobío (169). No obstante, la tasa de condenas se mantiene extremadamente baja en todas las regiones, oscilando entre 0,6% y 1,6%.
Esta baja tasa de condenas genera inquietud, ya que sugiere que la judicialización de estos delitos no está logrando resultados efectivos, lo que puede alentar la impunidad y dificultar la lucha contra los incendios provocados.
Factores que afectan la efectividad judicial
Los incendios en Chile, especialmente en zonas forestales y rurales, han sido un problema recurrente en los últimos años. Entre los principales delitos asociados a estos siniestros se encuentran:
- Incendios con peligro para las personas (Art. 475 y 476).
- Incendio de bosques (Art. 476).
- Incendios con daños materiales (Art. 477 y 478).
- Uso ilícito de fuego (Ley de Bosques).
La falta de condenas podría deberse a diversas razones, entre ellas:
- Dificultades en la recolección de pruebas y determinación de responsabilidades.
- Procesos judiciales prolongados y falta de recursos para la persecución penal.
- Dificultades en la identificación de los responsables, especialmente en incendios provocados.
Regiones más afectadas y desafíos futuros
La Araucanía y Los Ríos concentran la mayor cantidad de querellas, lo que podría estar relacionado con la alta incidencia de incendios forestales y los conflictos territoriales en la zona. En tanto, Biobío y Los Lagos presentan menos casos, pero con una tasa de condenas igualmente baja.
Ante este panorama, expertos y gremios han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de investigación, mejorar la coordinación entre fiscales y policías, y reforzar las estrategias de prevención y fiscalización. Sin estos cambios, el combate contra los incendios provocados seguirá enfrentando serias limitaciones y poniendo en riesgo la seguridad ambiental y social del país.
La comunidad y las autoridades tienen el desafío de generar políticas más efectivas para evitar que estos delitos queden en la impunidad y garantizar la protección de los bosques y zonas afectadas.
