Diez comunas de la Macrozona Sur concentran el 47% del gasto del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas
Hasta este viernes 31 de enero tiene pactada la Comisión Presidencial para la Paz y Entendimiento, conformado por 11 figuras políticas de distintas tendencias, para emitir un informe en el que planteen puntos para llegar a acuerdo respecto a la situación de violencia que vive la Macrozona Sur, a pesar de que en los últimos días ha surgido la opción de postergar la fecha de finalización.
En ese contexto, el Instituto Libertad y Desarrollo emitió una actualización su informe “Una mirada crítica a la política de tierras indígenas en Chile”, detallando algunos aspectos del Fondo de Tierras y Aguas Indígenas, de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (organismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Social).
En cifras actualizadas hasta noviembre de 2024, sostiene que un grupo de 10 comunas —conformado por Victoria, Vilcún, Freire, Traiguén, Curacautín, Ercilla, Galvarino, Lautaro (Región de La Araucanía), Tirúa y Cañete (Bíobio)concentran el 47% de los gastos destinados para el fondo, desde que se implementara en el artículo 20 de la Ley Indígena, el año 1994. Sumado a ello, las tierras distribuidas contempladas representan un 34% del total de la superficie del territorio conformado por estas 10 comunas, un aumento del 6% respecto al informe anterior (28%) — que contempló desde 1994 hasta septiembre de 2023—. Además, la proporción de comunidades indígenas en este territorio representa un 18% (misma proporción que en 2023), y un 20% del territorio está asociado …
Versión de la Conadi
Consultado al respecto a la Conadi, órgano encargado de la administración del fondo, su director (s) nacional, Álvaro Morales Marileo, manifestó que esta concentración, dada principalmente en comunas de La Araucanía, se explica porque existe “una mayor cantidad de títulos históricamente otorgadas a comunidades indígenas constituidas a la fecha”. A ello sumó, “en estas comunas se encuentran las reclamaciones con mayor antiguedad”.
Morales también aseveró que “al mes de agosto de 2024, de las 709 comunidades indígenas con aplicabilidad (del fondo), 571 se ubicaban en La Araucanía”. Para finalizar su versión, explicó que, teniendo en consideración lo dispuesto por las leyes de presupuesto, la priorización de las solicitudes del fondo se da en “conformidad con el criterio de mayor antiguedad de la fecha de reclamación respectiva”.
El investigador del programa político de Libertad y Desarrollo Daniel Rebolledo contrapone esta versión: “A nivel total, este alto porcentaje de gasto y de tierras financiadas o subsidiadas no encuentra explicación aparente en una posible mayor demanda debido a una equivalente concentración de Títulos de Merced o de comunidades indígenas o tampoco porque el nivel de producción de dichas comunas sea especialmente alto en comparación al total de la Macrozona Sur”.
Rebolledo añade que solo los hechos violentos tenían una proporción similar al de la compra de terrenos y que otras estaban muy alejadas, como la superficie forestada y reforestada (13%) y la superficie de unidades productivas agropecuarias (9%).
Para el excoordinador Nacional de Seguridad en La Araucanía Pablo Urquizar, esta concentración en comunas, que están afectadas en su mayoría por múltiples casos de violencia en la Macrozona Sur, “evidentemente es un problema del Estado”. Esto, considerando el hecho de que “nueve de las diez comunas mencionadas están dentro de las 15 comunas con más hechos de violencia en la Macrozona Sur”. “En el pasado, el Estado creó incentivos perversos entregando tierras a quienes ejercían la violencia (...). Incluso personas que no tenían ningún Título de Merced asociado recibían tierra”, argumenta Urquizar.
Fuente: El Mercurio
